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BILBO

La acusación popular pide cuatro miembros de la cúpula de Kutxabank declaren ante la jueza

Las organizaciones sindicales y sociales personadas como acusación popular en el ‘caso Kutxabank’ han pedido la comparecencia judicial de cuatro testigos más, entre ellos el actual responsable de auditoría interna, Javier García de Lurueña, que, en su opinión, cuenta con «muchos boletos» para ser el futuro consejero delegado del banco.

Comparecencia de las organizaciones que ejercen la acusación popular. (ARGAZKI PRESS)
Comparecencia de las organizaciones que ejercen la acusación popular. (ARGAZKI PRESS)

Las centrales LAB, ESK, Steilas, ENHE e HIRU, junto a las asociaciones de pensionistas y la de consumidores EKA, que fueron aceptadas como acusación popular en el ‘caso Kutxabank’, han comparecido con la abogada Goirizelaia para analizar la situación del proceso, en el que se encuentran imputados el expresidente de la entidad, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta,

Se les acusa de los presuntos delitos de falsedad documental y de administración desleal –o de forma alternativa, apropiación indebida–, por los pagos de 243.000 euros en tres años a Cabieces cuando dejó de ser delegado.

Tras las declaraciones de los tres, el próximo 22 de mayo se producirá la comparecencia ante la jueza de dos nuevos testigos, el director general de Negocio de la entidad, Ignacio Sánchez Asiain, y un responsable de Recursos Humanos, Diego Ricondo.

Además, Goirizelaia ha revelado que ha pedido la comparecencia de cuatro testigos más, todos ellos de la cúpula de Kutxabank, para que expliquen «si tenían conocimiento de lo que sucedía (de los pagos a Cabieces); y por qué si conocían lo que pasaba, nadie hizo nada».

Uno de los cuatro nuevos testigos que ha pedido –los otros tres nombres no los ha revelado– es el del responsable del servicio de auditoría interna, Javier García de Lurueña.

«Relación estrecha»

Según los agentes que han comparecido este lunes, «debido a su relación estrecha con Mario Fernández y a su cargo, tenemos la convicción de que García de Lurueña conocía la situación de los pagos irregulares a Mikel Cabieces y no hizo nada para evitarlo; la decisión de realizar la auditoría puede ser, por tanto, un intento de cubrirse las espaldas por parte de quien suena con muchos boletos como próximo consejero delegado de Kutxabank».

No obstante, será la jueza la que decida si acepta o no la comparecencia de estos nuevos testigos.

Además de las testificales, la letrada también ha solicitado la segunda auditoría realizada por los servicios de auditoría del banco, así como que se justifiquen los teóricos trabajos realizados por Cabieces y que se investigue la presencia del exdelegado del gobierno en la oficina que se le asignó y si la usaba realmente.

La acusación popular sostiene que los cinco mil euros al mes que percibía Cabieces no correspondían a trabajos concretos realizados por él y que el papel del despacho de Alcorta era una «mera coartada para justificar los pagos», entendiendo que «evidentemente, la estrategia de la defensa de los imputados ha orquestado un relato que trata de justificar que ese dinero era consecuencia de la prestación de un servicio, cosa que tendrán que demostrar».

La conclusión del grupo de agentes sociales y sindicales es que este caso es una muestra más de las «puertas giratorias» en beneficio de algunos políticos, una situación «alentada por la privatización de Kutxabank».