El TSJPV ha estimado en parte el recurso del Estado contra este decreto, que fue promulgado por el Ejecutivo de Patxi López (PSE) en junio de 2012 y modificado por el Gobierno Urkullu (PNV) en octubre del 2013.

Hernando ha comparecido en una rueda de prensa en Bilbo para opinar sobre la sentencia, que, a falta de lo que decidan los servicios jurídicos, probablemente no recurrirán ante el Supremo.

En opinión del Gobierno de Lakua, el fallo judicial «no pone en cuestión la necesidad de reparar y reconocer a estas víctimas», sino que solo invalida «aspectos técnicos».

Estos puntos que se han anulado son que el Gobierno autonómico no exige «una prueba fehaciente de las lesiones sufridas por los interesados», al admitir «cualquier clase de informe médico», y que la comisión que evalúa los casos carece de los conocimientos médicos adecuados.

«Estos aspectos técnicos se pueden modificar o acordar», ha dicho Hernando, quien ha añadido que «por supuesto que intentaron un acuerdo con la administración central antes de promulgar el decreto».

En el lado positivo, la representante del Ejecutivo ha destacado que no se han anulado las indemnizaciones ya concedidas. Hernando ha explicado que han solicitado que se estudie su caso 219 personas; el plazo ya ha expirado, de manera que hay posibilidad de presentar nuevas peticiones.

La comisión de evaluación se ha reunido ya con casi todas las personas y ha resuelto buena parte de los expedientes; aunque Hernando no ha facilitado las cifras concretas, ha estimado que el amparo a estas víctimas ya está encauzado.

El decreto ampara a las víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política entre 1960 y 1978.