NAIZ
BILBO

Catalá, tras el fallo del TEDH: «Nos ayuda a perfeccionar nuestro sistema de garantías»

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su «máximo respeto» a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, como la que ha amparado a Patxi Arratibel, que denunció ante esta instancia que fue torturado tras su detención en 2011, y que ha determinado que la Justicia no investigó de forma suficiente los malos tratos sufridos. Asimismo, Catalá ha indicado que estas sentencias «también nos ayudan a perfeccionar y mejorar nuestro sistema de garantías».

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo. (J. DANAE/ARGAZKI PRESS)
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, en una imagen de archivo. (J. DANAE/ARGAZKI PRESS)

Tras intervenir en un acto preelectoral del PP de Bizkaia en Bilbo, Catalá ha expresado su «máximo respeto» por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Arratibel y ha recordado que el caso fue visto primero por los tribunales españoles y «no se consideró en su momento que hubiese habido ninguna violación de los derechos fundamentales».

Ha mantenido que el Gobierno español «sigue trabajando para incorporar a nuestro Derecho más elementos de garantías procesales».

Según ha indicado, el Gobierno de Madrid está trabajando para seguir incorporando en el derecho español más elementos de garantías. «En la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que estamos llevando a cabo, incorporamos la trasposición de directivas de asistencia letrada, el derecho a la entrevista reservada por parte del detenido con su letrado, trabajamos permanentemente por la mejora de nuestro estado de derecho, por el fortalecimiento de las garantías y esta sentencias también nos ayudan a perfeccionar y mejorar nuestro sistema de garantías», ha explicado.

En todo caso, ha asegurado que el español «es un estado de derecho en el que el poder judicial es independiente y donde la aplicación de las normas garantizan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y también lógicamente de las personas que han cometido algún tipo de delito y que están sometidas a algún tipo de restricción de sus libertades en el ejercicio de la aplicación de las normas aprobadas por el Parlamento».