Grupos de la oposición del Congreso español, salvo Amaiur, PNV y CiU, han presentado en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, «con el objetivo de frenar los recortes del PP y la voluntad del Gobierno de evitar las protestas sociales».

Amaiur no ha firmado un recurso que entiende tiene «carácter electoral». Asimismo, subraya que desde el PSOE, que es quien ha impulsado el recurso, no se han puesto en contacto con la formación abertzale. A ello, se suma «la falta de credibilidad del PSOE» que recientemente ha firmado el conocido como ‘pacto antiyihadista’. «Han aceptado medidas que van contra los derechos civiles».

En un comunicado, el PNV ha expresado su rechazo a la ley, pero ha señalado que no irá de la mano del PSOE en el recurso porque «ha vetado el encuentro entre víctimas de ETA y GAL» en el Congreso y ha apoyado el «pacto antiyihadista».

«No firmaremos un texto con el PSOE en materia de libertades públicas hasta que no aclaren su posición», ha advertido Aitor Esteban, portavoz del PNV.

Antonio Hernando, portavoz del PSOE, ha asegurado que el PP «tiene miedo» y, por ello, ha impulsado esta la ley con el objetivo de «frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones de los ciudadanos» en contra de los recortes de derechos y libertades.

Por su parte, Caridad García, diputada de la Izquierda Plural, también ha opinado que el Gobierno de Mariano Rajoy «atacan derechos como el de reunión o de manifestación» y que retrotrae a tiempos que «ya se creían superados».

Desde UPyD, Andrés Herzog ha confiado en que la norma se declare inconstitucional y en «acabar con una obsesión por el control».