Once de la mañana del 1 de junio, Avenida de la Libertad de Donostia. Como todos los primeros lunes de mes, un grupo de hombres y mujeres jubilados y pensionistas se ha concentrado en la acera tras una pancarta, que en esta ocasión reza ‘Menpekotasunerako euskal legea. Envejecimiento digno y activo. Duintasuna’. Xabier Etxeberria, uno de los miembros del grupo, nos explica que el lema cambia cada mes; en ocasiones anteriores ha sido ‘Ninguna pensión por debajo de 1.000 euros’, o ‘No al copago’. Reparten hojas informativas a todo el que pasa por delante, sea joven o mayor, e insisten educadamente en que se lea. Apoyan los eslóganes con la ayuda de un megáfono.

La palabra final inscrita en la pancarta, ‘Duintasuna’, no es solo una reivindicación de trato digno, sino también el nombre de la plataforma guipuzcoana de pensionistas y personas mayores, convocante del acto. Junto a las otras tres operantes en Hego Euskal Herria –Bizkaiko Pentsionistak Martxan, Nafarroako Pentsionistak Martxan y Arabako Pentsionistak Lanean– hizo público un manifiesto, durante la pasada campaña electoral, en el que llamaba a las formaciones políticas a hacerse eco de sus reinvidicaciones. El primer párrafo es impactante: «Las personas mayores y pensionistas de Euskal Herria somos más de un cuarto de la población, y gran parte de nosotras y nosotros estamos viviendo en situaciones de exclusión social, tanto económica como socialmente».

Luis Arrizabalaga es miembro de Duintasuna y se reafirma en la gravedad de la situación. «Ocurre que el dinero que se debía destinar a las personas mayores se ha destinado a tapar los agujeros de los bancos. Así de claro, en pocas palabras. Y no solo desde el Gobierno español, sino que el Gobierno Vasco y el de Navarra también están imponiento políticas neoliberales y han conseguido que perdamos los derechos que habíamos conseguido con mucha lucha, provocando situaciones de gran injusticia social». Arrizabalaga, un hombre con larga trayectoria sindical a sus espaldas, desgrana sin vacilar la lista de cuestiones denunciadas, empezando por las raquíticas subidas de las pensiones y acabando con el encarecimiento de los geriátricos o los centros de día. Y en medio, el copago «repago, mejor dicho» de las medicinas, o las subidas de las tarifas de servicios como el gas, la electricidad y el agua.

Una Ley de Dependencia

Uno de los puntos principales del manifiesto mencionado es la reivindicación de una Ley de Dependencia vasca, cuyo objetivo sería asegurar una calidad de vida digna, con autonomía personal y servicios básicos garantizados. Arantza Corrales, también perteneciente a Duintasuna, apunta a una realidad incómoda de aceptar, y es que en Euskal Herria, hoy, hay personas que no pueden calentar su casa o tienen que racionar el agua que consumen. Menos aún realizar obras en casa, como un cambio de bañera a ducha. «Y tampoco es raro que dejen de tomar una medicina, pues casi 500 medicamentos han pasado a ser de copago, o de repago, como digo yo. Hay una pobreza oculta, que se esconde por vergüenza, y eso no puede ser, no en este país y en este siglo», apunta.

Existen dos clases de pensiones, mayormente. Las contributivas son aquellas que reciben las personas que han cotizado en la Seguridad Social durante su vida laboral, y las no contributivas son las destinadas a las personas que no han tenido un trabajo asalariado, caso de muchas viudas, personas con discapacidad… La situación es especialmente díficil para colectivos como el de las viudas, señala Arantza, «pues cobran la mitad de lo que cobraban sus maridos», o el de mujeres que sí llegaron a cotizar, pero en trabajos precarios. Y apunta otra situación conocida y difícil: cuando nos referimos al «colchón familiar» o la «red familiar» que auxilia a hijos o hijas que han perdido su empleo, lo tienen muy precario, o no han accedido siquiera al mercado laboral; en no pocos casos estamos hablando de progenitores que reciben pensiones exiguas y las reparten entre más miembros de la unidad familiar.

Explica Arrizabalaga que las plataformas de pensionistas y mayores, tanto las de ámbito vasco como las que trabajan a nivel de Estado español, aspiran a acordar un programa común de mínimos a exigir que sea presentado a la Administración y cuyo cumplimiento se reivindique con la fuerza que dan los millones de afectados. Son sabedores de que las instancias más cercanas, caso de ayuntamientos y diputaciones, carecen de competencias importantes en esta materia, pero ello no obsta para que les pidan la constitución de Consejos Municipales y Forales de Personas Mayores y Pensionistas, así como la adopción de medidas paliativas concretas, caso de la reducción o eliminación de impuestos municipales (basuras, alcantarillado…), o mejoras en los servicios sanitarios locales.

Las críticas a los niveles superiores de la Administración son contundentes por parte de los pensionistas. Por citar una, la referente al copago sanitario, contra el que entregaron 47.000 firmas en el Parlamento de Gasteiz. Califican de «chapucera» la gestión del Gobierno de Lakua en su iniciativa de compensación de copago a aquellas personas con ingresos anuales inferiores a 18.000 euros, pues aseguran que tal medida compensatoria únicamente ha alcanzado a un tercio de los afectados, por la dificultad que supone para las personas mayores la tramitación de las solicitudes individualizadas.

Cada vez hay que cotizar más años para cobrar una pensión

«No aceptamos que a partir de la jubilación solo aspiremos a los viajes del Inserso; todavía podemos aportar mucho en el camino de la transformación social, especialmente en lo referente a la problemática de las personas mayores», indica Arrizabalaga, quien al mismo tiempo no deja de advertir a quienes aún ven lejana esa fase vital que se vayan preparando, pues cada vez son más los años cotizados que se exigen para tener derecho a una pensión y mayor la presión sobre los trabajadores para que contraten planes de complementos de pensiones, privados naturalmente.

Con la experiencia que dan los años de militancia sindical, Arrizabalaga y Corrales coinciden en subrayar la gravedad del momento presente, con una pérdida galopante de los derechos sociales conquistados tras un siglo de luchas obreras y populares: «Costó muchos esfuerzos y movilización lograr la mejora de las condiciones materiales, las prestaciones de servicios educativos, sanitarios, de vivienda, de previsión social… y una vez logradas llegó la desmovilización y la asimilación por el sistema, lo que al final ha derivado en la actual degradación. Nos hemos hecho mayores y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero lucharemos de nuevo para darle la vuelta».