En el apartado social y de rescate ciudadano, el acuerdo entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E destaca el compromiso de recuperar la Renta Básica universal como un derecho, algo que fue eliminado durante la pasada legislatura y sustituido por la restrictiva Renta de Inclusión Social. La renta será, además, inembargable. Y este compromiso se pondrá en marcha en los primeros seis meses. También se van a revisar la privatización en los servicios sociales, haciendo especial hincapié en las residencias.

En cuanto a la vivienda, el Gobierno se adhiere a las propuestas elaboradas por la PAH. También se han comprometido a elaborar una nueva Ley Foral de Dependencia. En el plano educativo, el Gobierno anuncia su oposición a la Ley Wert y la extensión del modelo D a toda Nafarroa. En esta línea, se «ejecutará de manera urgente» la partida destinada a facilitar la euskaldunización de adultos, después de que UPN retirara las subvenciones a AEK e IKA. Ya entrando en Osasunbidea, el nuevo Gobierno se compromete a no emitir facturas a los inmigrantes sin regulación por su efecto disuasorio. También se garantizará el derecho al aborto en la red pública. En cuanto a la mayor polémica sanitaria de los últimos años, los recortes en las urgencias rurales, el Gobierno anuncia que establecerá un nuevo plan trabajado con los pueblos afectados. De otra parte, se revertirá la privatización de las cocinas del Complejo Hospitalario.

En el apartado económico se habla de una nuevo plan contra el fradue fiscal, impulsar la creación del empleo y el trabajo conjunto con los agentes económicos. También se impulsará el desarrollo económico trabajando en el marco de la Eurorregión con la CAV y Aquitania. Con todo, lo más llamativo es el análisis sobre las posibilidades de sacar adelante una nueva banca pública para Nafarroa. También se pondrá fin al chiriguito exclusivista de CCOO y UGT en el marco de las relaciones laborales. También se contempla investigar lo ocurrido con Osasuna.

En el bloque de autogobierno, los cuatro se comprometen a defender las competencias de Nafarroa y «abrir un proceso participativo» para la reforma del llamado Amejoramiento, que termine con un referéndum.

En cuanto al apartado de Pluralidad, Convivencia, Paz y Víctimas se recoge la petición del desarme ordenado de ETA y también el «impulsar iniciativas gubernamentales para acabar con las medidas penales y penitenciarias de excepción». Cara al futuro, el Gobierno «apoyará todo proceso encaminado a garantizar la no repetición de las vulneraciones de derechos humanos».

Otras medidas que destacan es que no habrá «ninguna decisión administrativa de avance» en las obras del TAV «hasta no ver claro el compromiso suficiente del Estado». También se estudiarán medidas para reducir costes en las obras del Canal de Navarra.