Luismi UHARTE

Cuba afronta un profundo cambio de modelo económico

Más allá de actualizaciones, Cuba afronta desde hace varios lustros un cambio de modelo económico para construir un «socialismo próspero y sostenible» El diablo no está en los detalles, sino en los ritmos.

Desde 2007, el Gobierno cubano está aplicando una serie de medidas económicas que han generado un fecundo debate dentro y fuera de la isla. En la denominación oficial del proceso de transformaciones económicas destaca la idea de «actualización del modelo», con el claro objetivo de marcar distancias con las transiciones al capitalismo de la URSS y Europa del este. Se pretende transmitir la visión de que lo que se estaría «actualizando» es el socialismo.

Pero también es cierto que gran parte del stablishment intelectual cubano coincide en que el cambio económico es profundo, con lo que se podría hablar de cambio de modelo. José Luis Rodríguez, ex ministro de Economía, reconoce que las transformaciones económicas «son las de mayor complejidad en toda la historia revolucionaria». Juan Triana, uno de los economistas más prestigiosos en la actualidad, señala que el cambio es holístico y viene acompañado de «profundas transformaciones institucionales». Rafael Hernández, conocido intelectual, afirma que el cambio es también político e ideológico.

¿Por qué? La palanca fundamental para el cambio económico es el amplio consenso sociológico respecto al agotamiento del modelo. Esta percepción (explícita o implícitamente) es transversal desde la base hasta la elite política y académica. Antonio Romero, de la Universidad de La Habana, recuerda que las máximas autoridades del país promovieron el cambio por los «problemas estructurales» de la economía cubana. El propio Raúl Castro declaró que se había acabado el tiempo «de bordear el abismo».

Mientras en los noventa la crisis económica se interpretó como producto de factores externos (caída del campo socialista y endurecimiento del bloqueo de EEUU), ahora se considera principalmente un problema interno. Jorge Sánchez Egozcue, del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), enumera alguno de los problemas endémicos del modelo, los cuales fueron reconocidos por el Partido Comunista Cubano: excesiva centralización, paternalismo estatal, subsidios masivos a niveles insostenibles, fuerte descapitalización industrial y agrícola...

Fases de cambio. El cambio más reciente comienza en 2007, pero el proceso se originó hace 25 años. La primera fase se inició en los años 90, en el marco del «Período Especial» y las medidas fundamentales fueron la apertura a la inversión extranjera y creación de empresas mixtas, la legalización del trabajo privado por cuenta propia (autoempleo), el surgimiento de nuevos sectores estratégicos (turismo, biotecnología, servicios médicos), el impulso a la cooperativización del agro, la despenalización del dólar y la regularización de las remesas de los cubanos del exterior.

Una segunda fase se abre a finales de la década, cuando, según Omar Pérez Villanueva, investigador del CEEC, se produce un proceso de recentralización empresarial y se paralizan las licencias para el cuentapropismo, en el marco del acercamiento a Venezuela y la intensificación del conflicto con Washington (Gobierno de Bush).

La tercera fase empieza a abrirse paso con la llegada de Raúl Castro a la Presidencia (2006-2007). Juan Triana divide esta última fase en varias etapas. Un primera, hasta 2009, dedicada a «resolver urgencias» como aumentar la producción agrícola y reducir la importación de alimentos a través de la entrega de tierra a campesinos privados; generar más fuentes de trabajo por medio de la legalización de nuevos empleos por cuenta propia; y eliminar una serie de prohibiciones históricas (entrada a hoteles, compra-venta de vivienda, móviles…).

Un segundo momento (2010-2011) en el que tras un debate en el que participaron millones de personas, la Asamblea Nacional y el PCC aprueban los «Lineamientos de la Política Económica y Social», una hoja de ruta para el cambio. Posteriormente, se produce el histórico discurso de Raúl Castro, cuando plantea que «queremos un socialismo próspero y sostenible».

Socialismo «próspero y sostenible». La aspiración de construir un país «próspero y sostenible» es el reconocimiento de que el socialismo presente adolece de dos ingredientes básicos de todo sistema.
El innegable problema migratorio –de profesionales y de jóvenes– es aceptado como uno de los factores que evidencia la falta de un horizonte próspero para un porcentaje importante de la población. A su vez, la prosperidad se asocia cada vez más al logro de un salario que permita afrontar los gastos regulares de la vida cotidiana, lo cual no es posible con la mayoría de los sueldos estatales.

Paralelamente, la dificultad para hacer sostenible el modelo económico queda patente si nos atenemos a los bajos niveles de productividad. Miguel Figueras, Premio Nacional de Economía 2007, destaca que la productividad industrial está un 50% por debajo de la de los años ochenta.
La mayoría de los economistas señala que será fundamental en los próximos años acelerar el crecimiento económico. Un planteamiento que a algunos sectores de la izquierda europea puede parecerles extemporáneo pero que en Cuba cobra absoluta centralidad por dos razones: el limitado volumen de riqueza a repartir y las expectativas de mejorar el nivel de vida, absolutamente legítimas, de la mayoría de la ciudadanía. Los esfuerzos exigidos desde el confor- table exterior pueden resultar sumamente frívolos e irritantes para el cubano de a pie.

El impulso al crecimiento lo asocian con el aumento de la inversión y concretamente con la extranjera, otro de los temas polémicos. La falta de acceso a la financiación internacional tradicional (agencias multilaterales) presiona aún más al Gobierno para buscar socios extran- jeros dispuestos a invertir. La construcción de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, a pocos kilómetros de la capital, con el apoyo directo de capital brasileño, aspira a convertirse en un polo de atracción de inversión y de desarrollo de nuevas industrias tecnológicas, según Triana.

¿Cómo? Los mecanismos principales para impulsar el nuevo modelo serían la descentralización, la desestatización parcial y un nuevo paradigma de distribución de la riqueza. La descentralización de la gestión, según Ariel Terreros, periodista económico, es un aspecto clave del proceso, no para privatizar sino para ser más eficientes. Esta se materializaría en dos sentidos: transfiriendo poder de decisión a las empresas públicas para hacerlas más participativas, competitivas y autosuficientes; otorgando mayor poder a los municipios. Resulta muy alentadora la experiencia piloto de gestión local autónoma y descentralizada que se desarrolla en los municipios de Artemisa y Mayabeque y que pretende extenderse al resto del país.

La desestatización parcial o desconcentración de la propiedad es otro de los pilares. Dos tipos de propiedad no estatal se consideran necesarios y complementarios en los «Lineamientos de la Política Económica y Social». Por un lado, el cooperativismo, en su concepción de propiedad social y por tanto como alternativa para construir otro tipo de socialismo. Para Gilberto Valdés, del Instituto de Filosofía, existe una voluntad política de otorgar prioridad a las cooperativas frente al sector privado en el proceso de desestatización.

El plan de extensión de cooperativas se inició en 2013 y su objetivo principal es la creación de cooperativas más allá del sector agrario. La mayoría (unos cientos) han surgido en el sector Servicios y su presencia en la industria es muy baja.

Por otro lado, se debe resaltar que la cooperativización está sufriendo notables retrasos ya que su aprobación está sujeta a una lógica extremadamente burocrática y centralizada, pues en última instancia el visto bueno lo da el consejo de ministros, asegura Manuel Orrio, analista político. Fernando Ravsberg afirma que las licencias para abrir un negocio particular se otorgan habitualmente con más rapidez (alrededor de 15 días) que para legalizar una cooperativa, que suele tardar varios meses.

El otro actor relevante en el nuevo esquema de propiedad es el cuentapropista. En realidad estamos hablando del sector privado, tanto en su concepto de autónomo autoempleado como el de pequeño empresario. Si en los años 90 el cuentapropismo fue considerado un mal menor, ahora se concibe como un agente funcional para el desarrollo, lo cual supone un cambio drástico de visión.

El número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado sustancialmente en los últimos cuatro años, tras la apertura de licencias a diversos oficios, pasando de 150.000 a casi medio millón de personas. J.L. Rodríguez precisa que el empleo no estatal representa el 26% y en un futuro cercano puede alcanzar el 35%. En el sector agrícola, incluso, se prevé que el Estado solo produzca el 20% de las tierras, quedando el resto en manos de cooperativas y privados, manifiesta el sociólogo Juan Valdés Paz. De cualquier manera, el Estado seguirá teniendo la propiedad y por tanto el control de los sectores estratégicos.

El nuevo modelo plantea a su vez un nuevo paradigma de distribución de la riqueza, donde el esquema de redistribución altamente centralizado y estatal será sustituido por una nueva ecuación en la que van a tener más peso los salarios, los impuestos y una política social redefinida. El salario debe convertirse en la vía principal de acceso al bienestar social y la recaudación de impuestos (por actividades económicas) va a tener cada vez más importancia.

Finalmente exige una política social acorde al tiempo presente, donde el subsidio universal (libreta de abastecimiento...) se ha convertido en un mecanismo injusto debido a las importantes diferencias sociales entre unos estratos sociales y otros. La experta en desigualdad Mayra Espina identifica a los grupos vulnerables que deberán ser objeto de atención particular en los próximos años: por género (mujeres), por color (negros y mulatos), por territorio (zonas rurales y oriente del país), por ubicación laboral (empleados estatales y pensionistas).

Perspectivas. A corto plazo lo más probable es que el proceso de descentralización y desestatización parcial avance sin prisa pero sin pausa. El ritmo seguirá siendo suave, lo que, según Hernández, no es necesariamente una deficiencia, teniendo en cuenta «los desastres de Europa del Este». Pero a su vez, como bien recuerda Triana, no hay que olvidar que «la cotidianeidad se impone. Los tiempos de la gente son el día a día y tienes que resolver sus problemas cotidianos. No puedes estar diciendo: dentro de 50 años tendremos… La población desconecta si tu modelo no le sirve». En síntesis, Cuba se enfrenta a un cambio de modelo económico inédito desde la Revolución del 59 y el ritmo del proceso se convierte en un arma de doble filo, en un artefacto extremadamente difícil de gestionar.