«Exigimos una actitud correspondiente por parte del Gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama», ha afirmado la delegación de paz de las FARC al inicio de un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han decidido prolongar el alto el fuego unilateral, sin aclarar por cuánto tiempo, pero han denunciado una serie de «agresiones a una guerrilla en tregua» durante los 30 días transcurridos de alto el fuego.

«Lo más sensato por parte del Gobierno es no continuar tratando de sacar ventaja militar de este gesto humanitario de la insurgencia», ha subrayado el portavoz de las FARC Carlos Antonio Lozada.

Según han denunciado, durante el mes de tregua se han producido dos bombardeos contra unidades guerrilleras en el departamento del Putumayo, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos suspendió estos bombardeos en respuesta al alto el fuego de las FARC.

También han apuntado a una serie de operaciones terrestres que se han saldado con una guerrillera capturada y dos muertas en Antioquia; un asalto aéreo a una unidad del Caquetá en la que murió un guerrillero y tres están desaparecidos; además de fumigaciones aéreas sobre diversos frentes de esos dos departamentos.

«Mientras no haya definiciones claras sobre estos asuntos será muy difícil avanzar de manera expedita en la construcción de acuerdos en la mesa», ha indicado Lozada.

Las FARC han insistido en que es «consenso nacional que ya no tiene validez dialogar en medio de las detonaciones y el ruido de los fusiles», aunque han precisado que, ante esas agresiones, «las unidades guerrilleras están en el derecho a responder apelando a la legítima defensa».

La guerrilla se ha referido a unos «informes recientes», según los cuáles en los seis primeros meses de este año han muerto de forma violenta 69 defensores de los derechos humanos, líderes políticos y sociales, 25 han sufrido atentados, 334 han sido amenazados y 4 detenidos arbitrariamente.

Para las FARC, estos datos muestran que hay una «política sistemática» de perseguir, encarcelar y silenciar a dirigentes sociales, por lo que han llamado la atención sobre el aumento del paramilitarismo en Colombia y una «ofensiva mediática que pretende desconocer el carácter político de la insurgencia».