El consejero de Educación, José Luis Mendoza, decidió revocar este nombramiento tras conocer que Haranburu había estado varios años en la cárcel por «su relación en el pasado con ETA», circunstancia, según aseguró, desconocida en el momento de su designación.

En declaraciones a los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha calificado de «grave» esa decisión, ya que «pone en juego los derechos civiles y políticos» de esta persona y de cualquier otra que haya podido estar en una situación similar.

Asimismo ha comentado que eso va en contra del espíritu y la letra del acuerdo programático, y así lo va a trasladar a la comisión de seguimiento, en la que pretende abrir un debate con el resto de fuerzas que sustentan al gobierno. Araiz, quien ha solicitado que comparezca el consejero en esa comisión, ha avanzado que en función del debate se reservan el derecho a plantear iniciativas. «Esto supone abrir una caza de brujas improcedente en la administración foral de Navarra», ha sostenido.

Su postura no es compartida por Geroa Bai, cuyo portavoz, Koldo Martínez, tras incidir en que se trata de un ciudadano que ha cumplido con las sentencias impuestas, ha apuntado que la revocación reside en el hecho de que quien le nombró desconocía su antigua militancia y que había estado en la cárcel, datos, a su juicio, «relevantes» para alguien que ocupa un cargo.

Ha señalado que se habló con el afectado y que este aceptó «con normalidad» la decisión. Por todo ello ha dicho que entienden la revocación «más relacionada con una falta de confianza, que con cualquier otro tema», a lo que ha añadido que, a su juicio, lo sucedido es «una deficiente comunicación de una situación personal que importa a la hora de hacer un nombramiento».

Koldo Martínez ha negado cualquier «caza de brujas», sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Uxue Barkos está manteniendo dentro de las estructuras a personas que han trabajado en puestos de relevancia con UPN.