El juicio por la redada de Segura se cierra sin que los independentistas tengan que volver a la cárcel

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre dos años y año y seis meses a los 35 militantes independentistas juzgados por el sumario 04/08. La pena llega tras un acuerdo de conformidad entre las partes e implica que ninguno de los imputados tenga que volver a prisión. Se trata de la primera vez en la que un macrojuicio político se interrumpe en mitad de la vista oral debido a un acuerdo entre fiscalía, defensa y acusaciones populares.

@albertopradilla|Madrid|2016/01/13 11:00|39 iruzkin

Ninguno de los 35 militantes independentistas juzgados por el proceso de la redada de Segura tendrá que volver a prisión. La Audiencia Nacional española ha puesto fin al juicio que se desarrolla desde diciembre en San Fernando de Henares tras un acuerdo entre las partes. Hay condenas de entre dos años y año y seis meses pero en ninguno de los acusados volverá a la cárcel por su actividad política. El macrojuicio político se cierra tras un acuerdo de conformidad entre Fiscalía, defensa y las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. El tribunal, compuesto por Concepcion Espejel, Julio de Diego eta Jose Ricardo de Prada, ha anunciado el acuerdo tras el cual los acusados han mostrado su conformidad.

En un principio, la Fiscalía solicitaba penas de diez años para de cárcel para cada uno de de los imputados. El macrojuicio político, que deriva de la redada de Segura desarrollada en setiembre de 2007 y en la que fueron detenidos 23 militantes independentistas, es uno más de los procesos abiertos bajo la tesis de «todo es ETA» y está directamente relacionado con la ofensiva lanzada por el Estado tras el fracaso del proceso de diálogo abierto entre 2004 y 2006.

En el acuerdo, los imputados admiten que su conducta fue «contra el código penal» y también incluyen su «renuncia a actividad relacionada con la violencia y reconocimiento a las víctimas y al daño que se les ha causado». En concreto, el texto firmado por los 35 ciudadanos vascos dice: «Reconociendo su participación en los hechos, asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente, y quieren añadir su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado».

De este modo, todos ellos aceptan la versión mantenida por Fiscalía y acusaciones populares, por lo que son condenados por «integración en organización terrorista». No obstante, se aplica el artículo 579 bis 4 del Código Penal que que permite rebajar en uno o dos grados las condenas por «terrorismo» cuando el hecho cometido sea «de menor gravedad». Además, admite dilaciones ya que los hechos que se juzgan ocurrieron casi una década. 

Se trata de un pacto novedoso ya que es la primera ocasión en la que un macrosumario político se cierra con un acuerdo entre las partes. Hasta el momento todos se habían cerrado con condenas, como el sumario 18/98 o con mayoría abrumadora de absoluciones, como los dos últimos juicios contra el movimiento juvenil. El precedente de este juicio, el sumario 35/02, se cerró en el Tribunal Supremo español con condenas a 20 de los imputados (que tampoco tendrán que ingresar en prisión) y el expolio de más de 100 locales.

«Nuestra actividad política, por encima de cualquier causa, ha estado encaminada a la resolución del conflicto», ha remarcado Pernando Barrena en nombre de los 35 militantes independentistas nada más concluir la vista oral. El actual portavoz de Sortu ha reivindicado el proyecto político que ha marcado su actividad, que es la consecueción de un Estado vasco. «Queremos subrayar nuestra apuesta por la exclusividad de las vías políticas y democráticas», ha remarcado. Finalmente, ha puesto en valor el hecho de que ninguno de los militantes independentistas volverán a prisión y ha confiado en que el acuerdo sirva como herramienta para desactivar las políticas de excepción.

Los condenados a un año y seis meses de cárcel, así como inhabilitación para cargo público durante el tiempo que dura la pena son: Haizpea Abrisketa, Jesus Agirre, Egoitz Apaolaza, Alazne Arozena, Karmele Berasastegi, Nekane Erauskin, Antxon Gomez, Iñaki Olalde y Juan Carlos Ramos.

A un año y ocho meses: Nuria Alzugarai, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Ino Galparsoro, Mikel Garaiondo, Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi.

A dos años de prisión: Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Reguerio, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.

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