En un escrito dirigido al juez, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostiene esta acusación en que en un registro domiciliario llevado a cabo en 1997 a Gaizka Gaztelumendi y José Miguel Bustinza –muertos en una emboscada de la Guardia Civil en Bilbo, en 1997– se hallaron dos cartas manuscritas y firmadas por Josetxo Arizkuren, en las que «daba instrucciones precisas al comando sobre la ejecución del secuestro» y ordenaba matar al concejal del PP de Ermua.
Por ello, la Fiscalía pide la reapertura del sumario, en el marco del cual fueron condenados Xabier García Gaztelu, Irantzu Gallastegi e Ibon Muñoa, y la toma de declaración de Arizkuren con la condición de «investigado» (nueva denominación legal que se da a los imputados).
Arizkuren es uno de los presos vascos gravemente enfermos.
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