Según informa el diario «Deia» en su edición de este domingo, a falta de la discusión final de las enmiendas al documento político enviado a las bases, el PNV tiene prácticamente trazado su itinerario político hasta el año 2020, que pasa por conseguir una «segunda transición para Euskadi», tal como destaca el borrador propuesto por la Ejecutiva nacional y remitido el pasado mes de noviembre a todas las juntas municipales que aglutinan a los 30.000 afiliados del partido para su discusión.

Los militantes ya han presentado unas 350 enmiendas y correcciones al texto para su debate el 13 de febrero y la posterior aprobación del documento definitivo en la Asamblea General de Iruñea que se celebrará dentro de dos semanas.

El escrito actualiza el ideario del PNV y expone las líneas políticas básicas para los próximos años en materia de autogobierno. Tras dar por agotado el Estatuto de Gernika, precisa que el nuevo estatus debe cimentarse «apoyándose en lo ya construido».

Esa reformulación del Estado se producirá, según explica el documento, mediante una reforma constitucional en la que el PNV «volverá a presentar la iniciativa de modificación que registró en agosto de 2011 en base al reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo vasco», o bien profundizando en los derechos históricos y reconociendo «la realidad jurídica-política originaria propia y preconstitucional de los territorios que conforman Euskal Herria».

Los puntos de partida hacia un «nuevo estatus para Euskadi» son el Estatuto Político para la CAV aprobado por mayoría absoluta por el Parlamento de Gasteiz en 2004 durante el mandato del lehendakari Juan José Ibarretxe y los acuerdos políticos de Loiola, en 2006.

El borrador del documento perfila los aspectos que debe contener el nuevo estatus, como «el reconocimiento nacional de Euskadi, reconocimiento del derecho a decidir, de los ámbitos de decisión, de la libre adhesión, de los órganos de arbitraje y de la representación en Europa».

Los jeltzales insisten, en su texto, en la necesidad de la bilateralidad en la relación con el Estado, como garantía de que el nuevo pacto va a ser cumplido, y reitera su rechazo al Tribunal Constitucional como «árbitro neutral».

Para los casos en que la parte vasca y la del Estado no encuentran un consenso, propone crear un órgano especial de arbitraje «en el que sus miembros fueron designados a mitades por ambas partes».

Asimismo, el documento destaca el reconocimiento del carácter de «nación» no es suficiente y debe ir acompañado de «determinada simbología y reconocimiento externo». De este modo, hace mención a la presencia en algunos foros internacionales como la Unesco o a la participación de las selecciones nacionales vascas en todos los ámbitos deportivos.

Sobre una unidad estratégica con otros partidos abertzales, el PNV considera que, tras el cese de actividad armada de ETA, «es imprescindible que las formaciones políticas que creen en el sujeto político pueblo vasco y su derecho a decidir compartan una estrategia en base a un suelo ético-democrático, unos objetivos mínimos y los ritmos de los procesos que conduzcan al logro de esos objetivos».