Troitiño se ha presentado voluntariamente ante la Corte de Magistrados de Westminster (en Londres) y ha quedado en libertad condicional tras una vista preliminar en la que ha confirmado su identidad y ha rechazado dar su consentimiento para ser extraditado.

El próximo miércoles se celebrará la primera sesión del proceso, que valorará la orden española dictada el 23 de octubre, en la que se le acusa de «pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos», los mismos cargos que en las dos anteriores peticiones de extradición.

La justicia británica desestimó en abril pasado la acusación por documentación falsa pero concedió la entrega por presunta «pertenencia a ETA», una decisión que fue revocada tres meses después por el Tribunal Superior tras un recurso de la defensa.

Los abogados de Troitiño argumentaron que la justicia española no había especificado con claridad por qué no trató de tomar declaración al acusado por videoconferencia, tal como exige la Ley de Extradición británica desde 2014.

Una nueva cláusula introducida entonces obliga a los estados a explicar los motivos por los que la ausencia física del procesado es el «único motivo» por el que no se puede avanzar en las diligencias judiciales.

El fiscal Benjamin Lloyd ha explicado hoy ante el juez que la Audiencia Nacional española accedió en agosto a la posibilidad de interrogar a Troitiño por canales telemáticos.

La orden solicita así bien la «entrega temporal de la persona requerida», o bien que el acusado esté presente en «una entrevista con el juez español a través de videoconferencia, a fin de obtener su declaración e informarle de su acusación».