Fuentes del PNV han explicado a Efe que el pasado mes de noviembre entregaron a todos los grupos un documento en el que se tenían en cuenta enmiendas de la oposición con el objetivo de que el resto de partidos hiciesen aportaciones al mismo.

Estas fuentes han señalado que la única formación que respondió de manera positiva a este ofrecimiento de negociación fue EH Bildu, grupo con el que finalmente el PNV ha acordado la redacción de los seis primeros capítulos del proyecto normativo, en el que también se incluyen enmiendas del resto de partidos.

De este modo, PNV y EH Bildu han transado enmiendas dirigidas, entre otras materias, al «tratamiento más equilibrado del euskera» en el ámbito municipal, al personal directivo de los consistorios, al «blindaje» de las competencias municipales, y a garantizar la transparencia y la participación ciudadana en estas instituciones.

Queda por negociar aún uno de los principales aspectos del texto, el relativo a la financiación municipal, en el que los grupos mantienen distintas posturas.

Fuentes del grupo parlamentario de EH Bildu han asegurado a Efe que el acuerdo de hoy es un «avance» en capítulos «importantes» del proyecto, y han insistido en que la coalición tiene «voluntad» de continuar llegando a acuerdos para que esta norma pueda ser aprobada en la Cámara autonómica.

Por su parte, el PSE se ha declarado alejado de  los planteamientos del PNV, que a su juicio mantiene «una postura foralista que ahora EH Bildu apoya. Nosotros mantenemos una visión municipalista».

Laura Garrido (PP) ha señalado que el acuerdo puede obedecer a un «cambio de cromos» con el pacto alcanzado sobre Eudel, y se ha preguntado si el PNV «ha cambiado de socio y ahora ha elegido a EH Bildu, en lugar de al PSE-EE para darle estabilidad».

La próxima reunión de la ponencia se celebrará el 23 de febrero. El PNV confía en que si las negociaciones siguen un buen ritmo para esa fecha la ponencia podría cerrar su informe definitivo.

Este proyecto fue aprobado en noviembre de 2014 y su principal objetivo es que los ayuntamientos gocen de una mayor autonomía y con una financiación garantizada. Recoge la reivindicación histórica de los municipios de tener voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas y en el Órgano de Coordinación Tributaria cuando les afecte la distribución de ingresos generados por tributos.