«Señortías, aquí ni siquiera se investiga la tortura», ha señalado la abogada de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) Lorea Bilbao, haciendo referencia a las distintas sentencias de Estrasburgo contra el Estado español por no investigar casos de tortura.

Bilbao ha participado en Iruñea, junto a el forense y antropólogo Paco Etxeberria y Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (además del encausado Iker Moreno), en la charla ‘Mecanismos para la erradicación de la tortura’, dentro de la campaña Aztnugal. La sala se ha llenado hasta la bandera (de hecho, decenas de personas se han quedado fuera debido al aforo limitado).

La abogada del TAT ha recordado los casos por los que ha sido condenando el Estado español, que ascienden a nueve. De estos nueve, solo en el caso del iruindarra Mikel Iribarren la condena ha sido por torturas, ya que en el resto la sentencia hace referencia a la no investigación de los hechos. Otro de los casos apunta a una mujer nigeriana que ejercía la prostitución en Mallorca, mientras que los otros siete responden a casos de torturas durante el periodo de incomunicación.

Por su parte, Etxeberria ha criticado que un torturado es tan solo aquel que «ha sido torturado y además lo puede demostrar». Por eso, ha colocado una balanza al 50% entre quienes todavía hoy no se creen que exista la tortura y quienes no se lo quieren creer. «Es fácil hablar de los casos lejanos», ha apuntado. De hecho, en el Estado español, todo lo respectivo a los derechos humanos concierne al Ministerio de Exteriores.

«Una bofetada, la privación de sueño o la misma incomunicación son tortura»

Para hacer frente a estos casos, ha puesto sobre la mesa el protocolo de Estambul, que ha analizado 45 casos hasta la fecha y que para junio espera haber tratado otros 200. Asimismo, ha recordado que los médicos forenses tienen un protocolo para realizar reconocimientos a los detenidos. «Un protocolo que no se cumple». Así, ha reivindicado el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

Del Cura, a su vez, ha recordado que en muchas ocasiones se trata de deslegitimar la tortura hablando de «abusos o malos tratos». Sin embargo, ha subrayado que «una bofetada, la privación de sueño o la misma incomunicación son tortura». Desde su coordinadora, han constatado que los casos de tortura en el Estado español son una realidad y que ha crecido, especialmente, contra migrantes. Ha apuntado directamente a los centros de retención de Ceuta y Melilla.

Ante la impasividad del Gobierno español y las condenas de Europa, Del Cura ha subrayado la impunidad con la que actúa Madrid: «El Estado español ratifica todos los convenios, pero después no cumple sus recomendaciones». Tanto es así que ni siquiera publica en castellano los informes internacionales, algo que es obligatorio. Por ello ha reclamado la movilización de la sociedad civil, «porque el Estado no va a acabar con estas prácticas».

Los tres se han referido a casos más o menos recientes, del año 78 en adelante. Y es que, cabe recordar, que durante el franquismo la tortura ni siquiera estaba tipificada como delito.