La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, acompañada por el jefe de servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas de su departamento, Jon Iribar, han presentado en las Juntas Generales un informe sobre «la eficiencia» de esta ayuda, puesta en marcha en julio de 2012.

Las principales conclusiones del estudio son que esta Ayuda de Garantía de Ingresos, que solo existe en Gipuzkoa, no cumple el objetivo de inserción y genera «nuevas necesidades» debido a su «efecto llamada» de extranjeros, ya que al ser exclusiva de Gipuzkoa se genera una «isla».

Jon Iribar, autor del estudio sobre la AGI, ha cuantificado en 1.400 el número de perceptores que mensualmente cobran esta ayuda, que exige un empadronamiento mínimo de un año frente a los tres que se piden en la CAV para poder cobrar la RGI.

Cada perceptor de AGI cobra 706,6 euros mensuales –el coste total es de once millones anuales– y ha matizado que la ayuda se percibe hasta que el solicitante puede optar ya a la RGI.

«La AGI es una ayuda para extranjeros», ha señalado Iribar, que ha puesto de relieve que la fotografía de sus perceptores no se corresponde con la inmigración en Gipuzkoa, ya que la mayoría de los que reciben este dinero procede de África (50%) y Asia (32%). Iribar ha destacado el perfil de los perceptores de la AGI, que en su inmensa mayoría son varones jóvenes de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares.

Iribar ha reconocido que si no hubiera AGI habría más exclusión en Gipuzkoa, pero se ha preguntado «qué parte de esa exclusión» está en el territorio porque ha venido para cobrar esa ayuda. Además, ha remarcado es una cuantía económica que no viene acompañada de otros recursos que podrían facilitar la inserción.

El informe de la Diputación se apoya en un cuestionario enviado a los ayuntamientos del territorio, que mantienen posturas diferentes, y a entidades sociales, que coinciden en que la ayuda económica debería dotarse también de otros recursos.

«Son pocos los trabajadores sociales que se posicionan claramente en uno u otro sentido, ni claramente a favor de mantener la ayuda en las condiciones actuales ni partidarios de su eliminación. Son pocos los que defienden que debe eliminarse la ayuda en su totalidad, porque consideran que retirar la ayuda a quienes la estén percibiendo podría generar un problema. Además hay un grupo de trabajadores sociales que demanda más recursos que acompañen a la ayuda propiamente económica, para dotar de más medios a las personas en exclusión», apunta el informe.

EH Bildu recuerda a los refugiados

El portavoz de EH Bildu, Ernesto Merino, ha acusado a la Diputación de actuar con «hipocresía», ya que critica la AGI mientras defiende «con la boca pequeña» la llegada de refugiados.

La diputada Maite Peña ha replicado que es «muy fácil hacer demagogia», que «no se deben mezclar» ambos temas y que es necesario modificar una ayuda si se constata que es ineficaz.

El representante de EH Bildu ha considerado que se trata de una «decisión política» que ya está tomada y que la Diputación impulsa ahora una «campaña de desprestigio». Ha alertado que la eliminación de la AGI podría provocar, por ejemplo, que «500 niños se queden debajo de un puente».

Mónica Mora, de Podemos, ha criticado que se utilice la expresión «efecto llamada» en un informe técnico, ha advertido de que la modificación o eliminación de la AGI provocaría una extensión de la pobreza y ha pedido que AGI se complete con otras medidas de inserción social.

Los grupos junteros del PSE, PNV y PP han apelado a la ronda de contactos que la Diputación iniciará con el objetivo analizar esta cuestión, optimizar los recursos públicos y evitar que se «cronifiquen» las situaciones de pobreza.