Esta es una vía extrajudicial contemplada por la Ley del Menor que requiere de un acto de conciliación previo entre la persona menor y la víctima (reconocimiento del daño causado y disculpa ante la víctima aceptada por esta) y una reparación del daño, es decir, realizar determinadas acciones en beneficio de la víctima o persona perjudicada o de la comunidad.

La Fiscalía de Menores tramitó durante 2014, último año del que se disponen datos, 970 diligencias preliminares relacionadas con infracciones cometidas por menores, de las que 349 se convirtieron en expedientes. Según datos del Juzgado de Menores, ese año se dictaron 97 medidas de prestación de servicios a la comunidad, 48 de tareas socioeducativas, 5 de permanencia de los fines de semana en un hogar y 3 amonestaciones.

Tal y como establece la Ley del Menor, el cumplimiento y control de estas medidas extrajudiciales son competencia de equipos formados por profesionales de la sicología, la educación y el trabajo social, quienes deberán realizar las propuestas y la elaboración de informes. Si la persona menor no cumpliera con ello, entonces el Ministerio Fiscal continuaría con la tramitación del expediente judicial.

El Ayuntamiento de Iruñea cuenta con servicios de acción preventiva comunitaria, integrados por equipos multidisciplinares con amplia experiencia en la intervención socioeducativa en la población infanto-juvenil, tratando de prevenir situaciones de desprotección y conflicto social desde una perspectiva integral y global. Estos servicios seguirían prestando la labor preventiva y añadirían así el desarrollo de los programas socioeducativos que se determinen por la Fiscalía de Menores.

El convenio entre el Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno de Nafarroa no tiene contenido económico, sino que establece los compromisos que asumirán las dos partes para habilitar esta vía extrajudicial. Así, el Gobierno incluirá en la cobertura del seguro de sus empleados a los menores que participen en los programas del Ayuntamiento.

El Consistorio, por su parte, por medio de las entidades que están desarrollando los servicios de acción preventiva comunitaria, se compromete a facilitar las plazas que tenga disponibles para que menores infractores puedan cumplir las medidas extrajudiciales acordadas por la Fiscalía de Menores.