En una conferencia de prensa en Bilbo, la plataforma de médicos forenses, apoyada por los sindicatos de Administración de Justicia –CCOO, LAB, ELA, CSIF y CGT- ha vuelto a demandar que el Departamento de Justicia de Lakua «deje de dilatar el conflicto y se siente a negociar» las demandas del colectivo.

Un total de 27 de los 32 médicos forenses del citado instituto participan en los paros que comenzaron en marzo, con un día a la semana de huelga durante cuatro horas y media, que se ampliaron en abril a cuatro jornadas de lunes a jueves, y que desde esta semana se extienden a cinco días, de lunes a viernes.

Los huelguistas exigen la equiparación salarial a los niveles mínimos de los facultativos de Osakidetza, un plan «serio» de formación y no «vacío de contenido» como el que, a su juicio, defiende el Departamento de Justicia, y que se respeten las once horas de descanso tras una guardia para poner fin a los paros que secundan.

En representación del colectivo, la médico forense Ana Hidalgo ha advertido de que «la falta de atractivo de la medicina forense en el País Vasco debido a la ausencia de un proyecto de desarrollo profesional, las pésimas condiciones laborales, las retribuciones por debajo del nivel mínimo de Osakidetza y la deficiente formación continuada provoca que no exista un relevo generacional, que nadie quiera venir al instituto».

«Se puede estar buscando la privatización»

Según ha advertido, ello llevará a que desaparezca en diez años, teniendo en cuenta que la edad media de los médicos en el organismo es de 54 años, ha dicho la especialista, quien ha expresado el temor de que «se pueda estar buscando la privatización del servicio público».

Los huelguistas han pedido voluntad política «real» para solucionar el conflicto y han cuestionado que la «equidad» a la que apela la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, para proceder a la adecuación retributiva del colectivo tenga que ver con su propuesta de «premiar a los cargos de libre designación con 8.000 euros brutos al año para el director y con 5.700 euros a los subdirectores» frente al incremento de «800 euros para la mayoría de los médicos forenses».

Tal planteamiento, que implica una subida del 15% para el director y del 1,7% para la mayoría de forenses, supondría económicamente 70.000 euros frente a los 115.000 euros que implicaría la aplicación de las demandas del colectivo.

Los forenses han indicado que sus reivindicaciones suponen «cumplir» lo ya acordado y han asegurado que su huelga está provocando la suspensión de «muchos» juicios.

Está causando, por ejemplo, que no salgan las peritaciones de la unidad de valoración forense integral de Bizkaia, que atiende a víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar y niños, ni las peritaciones de psiquiatría para posibles incapacitaciones.

Ello está impidiendo que el Juzgado de Primera Instancia número 14, que se ocupa de todas las incapacidades e internamientos, pueda fijar fecha para los juicios al no disponer de los informes necesarios para ello, según han dicho.

Los huelguistas han denunciado, por otra parte, «presiones» a la subdirección del servicio para que facilite nombres de los especialistas que debieran haber atendido a personas que se quejan por no haberlo sido debido a la protesta.

Reunión sectorial

La viceconsejera Agirre ha reiterado la «firme voluntad» de culminar el inacabado proceso de equiparación retributiva de los 54 médicos del Instituto de Medicina Legal, tal y como se ha hecho ya en el resto de cuerpos de Administración de Justicia.

Para ello, ha anunciado que la Dirección de Administración de Justicia convocará a todas las centrales sindicales a una nueva reunión de la mesa sectorial, la tercera en lo que va de legislatura, para proponer la equiparación salarial.

Además, se presentará a las centrales sindicales, para su negociación y acuerdo, una instrucción para regular los descansos entre guardias de estos médicos, con el objetivo de clarificar por escrito la práctica habitual y las excepciones de los periodos de descanso.

Agirre ha asegurado que la formación de estos profesionales es «prioritaria» para el Gobierno de Lakua y por ello, presentará a las centrales sindicales un borrador del Plan de Formación 2016 dotado con al menos 80.000 euros y que cuenta ya con el aval de la unidad docente experta en la materia del Instituto de Medicina Legal.