En un comunicado, LAB ha afirmado que no considera que la aprobación de la Ley Municipal sea «un gran paso desde el punto de vista de los trabajadores municipales, después de tantos años». En este sentido, ha planteado que se podría «esperar algo más si se hubiera tratado de una ley negociada con agentes sociales y que se creara de la negociación con ellos».

«Si hubiera sido fruto de un proceso participativo, la Ley Municipal no sería la que se ha aprobado, sino una ley que tuviera mayores garantías sobre los intereses de ciudadanía, trabajadores y los servicios públicos».

LAB ha remarcado que, analizando la ley desde la perspectiva de los trabajadores, «son los aspectos negativos los que prevalecen», si bien ha reconocido que existen también «aspectos positivos», entre ellos «los pasos que da en la normalización del euskara, el esfuerzo que se hace de cara a la participación ciudadana en los ayuntamientos, el paso imprescindible para que los ayuntamientos estabilicen sus competencias y consigan nuevas, aunque queden a la espera de una nueva Ley». En cualquier caso, ha considerado que «se trata de pasos muy tímidos».

Asimismo, ha criticado que «apenas dice nada» en el capítulo relativo al empleo público, a excepción de la figura de la Dirección Profesional, que a LAB le «preocupa de forma notable» porque «no ve con buenos ojos que directivos de empresas se dedique a responsabilidades municipales».

Por otro lado, ha señalado que, aunque esta ley «garantice financiación» para que los ayuntamientos puedan desarrollar sus competencias, «el objetivo relativo al cumplimiento del déficit se sitúa por encima de cualquier otra consideración, a las órdenes de la Ley Estatal, y ésta limita la actividad municipal y el desarrollo de servicios públicos».

En opinión de LAB, «el camino para desarrollar los servicios públicos pasa por la remunicipalización y la reversión y esta Ley podría haber sido un paso para garantizar eso, cerrando la puerta a privatizaciones y estableciendo mecanismos para que se den reversiones. Hay que dar por finiquitado el camino que deja los servicios públicos en manos privadas y deteriora y precariza sin cesar las condiciones laborales de los trabajadores. Y esto hay que hacerlo respondiendo a las necesidades de trabajadores y ciudadanía, dándonos la palabra y permitiendo que participemos en la decisión».