En declaraciones realizadas en el ‘Parlamento de las Ondas’ de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los representantes políticos se han referido a la condena impuesta por el Tribunal de Cuentas al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, que deberán abonar 393.000 euros por el alquiler de las oficinas municipales de la calle San Antonio al empresario Gonzalo Antón mientras se encontraban al frente del Ayuntamiento de Gasteiz.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha sostenido que se está «malinterpretando de forma absolutamente intencionada» y ha incidido en que no se está ante un caso de corrupción «como si son los casos ‘De Miguel’ -que imputa a excargos del PNV en Araba- o ‘Hiriko’ -el proyecto frustrado de coche eléctrico que percibió ayudas públicas-».

«No es un caso de corrupción, no es penal sino meramente contable. Se reclaman 390.000 euros y lo que se discute es si el precio por metro cuadrado es de 10 o 12 euros. Se discute si el criterio del precio se hizo a valor de mercado o de tasación», ha indicado, para añadir que en su momento se «intentó la vía judicial, pero la Fiscalía archivó las diligencias».

Por ello, ha defendido que aquellos hablan de corrupción lo que hacen es «malinterpretar los hechos y la propia causa en sí», al no haber «presunta actuación delictiva ni responsabilidad penal». «Los que acusan de corrupción saben que se están equivocando», ha expresado.

Asimismo, ha valorado que cuando Javier Maroto era alcalde «logró rebajar el precio del alquiler de los locales, cosa que el anterior alcalde, del PSE, no hizo», en referencia a Patxi Lazcoz.

Además, ha señalado que el fallo «administrativo» no es definitivo y ha sido dictado por una consejera del Tribunal de Cuentas de «Izquierda Unida, nombrada por el PSOE en un pacto entre ambos». «Estamos ante un fallo que no es firme, que es recurrible. El PP materializará el recurso y veremos qué pasa con el pronunciamiento final», ha subrayado.

Exigencia de responsabilidades

Por su parte, el resto de representantes que han participado en la tertulia han exigido responsabilidades al PP. El PNV ha criticado el «empecinamiento y contumacia en el error» mostrados a lo largo de este tiempo por el PP, mientras EH Bildu y PSE han pedido que se devuelva el dinero. Asimismo, UPyD ha defendido que aquellas personas que hacen «uso indebido de dinero público» tienen que, «además de reconocerlo, dar un paso atrás».