En la pasada legislatura, se aprobaron mociones contra la línea de alta tensión en 220 ayuntamientos y concejos. Ahora, 31 ayuntamientos directamente afectados –la práctica totalidad de los que se ven afectados por el trazado– han aprobado nuevas mociones. Se trata de Tafalla, Larraga, Allo, Deikaztelu, Morentin, Aberin-Muniain, Oteitza, Villatuerta, Zirauki, Mañeru, Artazu, Gares, Oltza, Iza, Arakil, Irañeta, Uharte Arakil, Arruatzu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa, Gabiria, Mendigorria y Artaxoa.

Eneka Maiz, alcaldesa de Etxarri Aranatz, e Iñaki Ugalde, alcalde de Mutiloa, han destacado, en una comparecencia hoy en Iruñea, que este proyecto no tiene justificación y no está realizado para beneficiar a los pueblos afectados, sino que, por el contrario, condiciona su desarrollo. En la moción se emplaza a los gobiernos de Lakua y Nafarroa y a la Diputación de Gipuzkoa que «se pronuncien desfavorablemente a dicho proyecto, por ser inasumible paisajísitca, económica y medioambientalmente por su afección a zonas claves para la colectividad».

Alberto Frías, portavoz de la plataforma contra la línea de alta tensión, ha explicado que solicitarán una reunión con el vicelehendakari del Gobierno navarro Manu Ayerdi, quien en el Parlamento vinculó esta macroinfraestructura con la mejora del suministro eléctrico a zonas afectadas por microcortes. «No tiene nada que ver. Del mismo modo que se no se usa un trailer para transportar un jamón, no se levanta una línea de 400.000 voltios para mejorar el suministro», ha destacado.

En este sentido, ha recordado que el objetivo declarado de la línea de alta tensión es la exportación de energía eléctrica al Estado francés.