La ley aprobada por el Parlamento turco otorga inmunidad a militares y grupos armados que luchan contra la insurgencia kurda y ofrece poderes expansivos al Ejército. Antes de acceder en 2014 a la presidencia de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dedicó la mayor parte de su mandato como primer ministro a establecer un mayor control civil del Ejército. Las voces críticas consideran que la nueva ley deshace algunas de estas reformas.

La legislación podría dificultar la investigación de posibles violaciones de derechos. La ONU y varios grupos de Derechos Humanos han mostrado su preocupación por los abusos que se han producido durante las operaciones militares llevadas a cabo en 2015, que se han centrado en ciudades con un gran número de habitantes. Cientos de civiles han muerto, según los partidos de la oposición.

Erdogan ha destacado que 7.500 milicianos del PKK «han sido neutralizados», y que al menos 500 militares y policías han perdido la vida en los enfrentamientos y ataques.

Turquía, EEUUy la Unión Europea consideran al PKK, que tomó las armas en 1984 para enfrentarse al estado turco, «organización terrorista». Se estima que desde que comenzó la lucha entre ambas partes han muerto unas 40.000 personas, la mayoría kurdas.

La nueva ley, que se aplicará de forma retroactiva, requiere el permiso de altos cargos militares o políticos para procesar a militares y altos cargos del Ejército. «Los funcionarios que se comprometan con la lucha antiterrorista» también estarán protegidos.

La legislación amplía la jurisdicción de los tribunales militares, donde serán juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de «delitos criminales». Los comandantes del Ejército podrán, además, emitir órdenes de búsqueda.