En aquella misma edición quedaba plasmada por escrito un acusación muy grave: «La obra fue más barata de lo previsto, pero el Gobierno de Lakua, presidido entonces por Patxi López, invitaba a completar el presupuesto». No hubo ninguna reacción oficial. Evidentemente, GARA cuenta con fuentes fidedignas sobre lo ocurrido en esa obra.

EH Bildu pidió que los técnicos que habían firmado esos pagos indebidos comparecieran en el Parlamento. PNV, PSE y PP lo impidieron. Pidió también explicaciones a la consejera Ana Oregi, que respondió displicente sin aclarar ninguna de las partidas concretas que se le fueron poniendo sobre la mesa. Se escudó en que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no había encontrado irregularidades en el tramo (tampoco debía analizar a fondo la liquidación) y puso como garantía que las cuentas tienen un doble control: el de ETS (la adjudicataria autonómica) y el de Adif (la estatal a la que le detienen directivos).

Meses después, y por escrito, ETS admitió ante el Parlamento que, efectivamente, en 2009 validó la cementera inexistente por la que adelantó medio millón de euros, aduciendo que «se deduce que inicialmente se consideró su instalación, aunque posteriormente se desistiera de ello». El problema legal es que ETS debió comprobar su instalación antes pagar.

Pero como el TAV es sagrado para PNV, PSE y PP, estas cosas aquí no pasan.