La Comisión Europea ha propuesto no multar al Estado español por incumplir el objetivo de déficit en 2015, aunque a cambio le pide acometer recortes de alrededor de 10.000 millones de euros en 2017 y 2018.

De esta manera, el Estado español se libra, de momento, de una multa, aunque son los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) los que tienen ahora la última palabra.

La propuesta de la Comisión de cancelar la multa quedará automáticamente aprobada salvo que una mayoría cualificada de países rechace la recomendación del Ejecutivo comunitario en un plazo de diez días. Los ministros también pueden enmendar la decisión.

Bruselas también ha acordado dar dos años más en lugar de uno al Estado español para que rebaje el déficit por debajo del 3%, tal y como marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La CE exige a Madrid que sitúe el déficit en el 4,6% en 2016 desde el 5,16% con el que cerró en 2015; en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018, de acuerdo con la nueva propuesta.

El déficit público español alcanzó en 2014 el 5,9% del PIB y en 2015 el 5,1%, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca, frente al 5,8% y del 4,2% exigido, respectivamente, y así se alejó definitivamente de poder bajarlo al 2,8% en 2016.

Portugal

En el caso de Portugal, Bruselas también propone cancelar la multa y le concede una fecha límite de hasta el 15 de octubre para presentar medidas de corrección del déficit, que debía ya ajustar en 2015 pero cerró el ejercicio con un 4,4 % del PIB, incluido el impacto por el rescate de Banif.

El Ejecutivo comunitario pide de este modo a Lisboa un esfuerzo estructural del 0,25 «para volver a una posición neutra», lo que supone un ajuste de 448 millones de euros.

«Esperamos medidas concretas»

El vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, ha justificado la propuesta de cancelar las multas porque ambos países «han consolidado sustancialmente sus finanzas públicas en los últimos seis y siete años y han llevado a cabo reformas estructurales ambiciosas» que «funcionan», aunque ambos países se enfrentan a «desafíos sociales profundos», entre ellos el elevado paro, especialmente juvenil.

«España y Portugal han reiterado su compromiso en hacerlo en sus peticiones recientes. Ahora esperamos medidas concretas y su aplicación efectiva en línea con las obligaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», ha recalcado Dombrovskis.

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha defendido que la cancelación de la multa era «la mejor opción» porque «la sanción en sentido político y jurídico se ha materializado». «Sanciones, incluso simbólicas, no hubieran permitido corregir el pasado y no habrían sido comprendidas por pueblos que han hecho enorme sacrificios estos últimos años», ha justificado.