El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) aprobará este jueves los pliegos de condiciones del contrato de concesión para construir y explotar durante 35 años la incineradora de Zubieta, cuya licitación saldrá por un valor máximo de 217,6 millones de euros, a asumir por el adjudicatario.

A cambio, GHK pagará a la empresa concesionaria un canon máximo de 29 millones euros «por disponibilidad» y 2,6 millones estimados «por tonelada» de basura incinerada, lo que sumará un total de 31,6 millones al año para las arcas de Gipuzkoa durante 35 años.

«Complejo medioambiental de Gipuzkoa»

El diputado general, Markel Olano, y el titular de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, han ofrecido esos datos en una comparecencia para explicar los detalles de lo que han denominado «Complejo medioambiental de Gipuzkoa» que albergará la incineradora.

La empresa adjudicataria tendrá también los ingresos de la energía generada, que se calcula en unos 160.000 MWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico de unos 120.000 guipuzcoanos.

Una vez aprobados los pliegos por GHK y publicada la licitación, se abrirá un plazo de 60 días para la recepción de ofertas, por lo que la Diputación considera que la operación podrá estar adjudicada en noviembre y las obras comiencen a principios de 2017, con un plazo de ejecución de 31 meses, con lo que las infraestructuras podrían estar en marcha en el verano de 2019, justo para el final de la actual legislatura.

Olano ha subrayado que mañana será «un día histórico» para Gipuzkoa, ha defendido que la incineradora es «una infraestructura fundamental» y que «no hacemos sino cumplir con la palabra dada».

Ha asegurado que el complejo de Zubieta tenderá «las tecnologías más avanzadas de Europa» y «no constituirá un problema medioambiental, sino que resolverá el problema de las basuras», tras las «polémicas y tensiones» de los últimos años.

«Ya ha habido una moratoria de cuatro años»

Por su parte, Asensio ha dicho que la construcción de la incineradora tiene «toda la legitimidad democrática» porque supone cumplir el Pigrug 2008-2016, aprobado con el respaldo «mayoritario» de las Juntas Generales.

Respecto a la moratoria de seis meses solicitada por grupos ecologistas, partidos y sindicatos, ha respondido que «ya ha habido una moratoria de cuatro años, los de la anterior legislatura», en los que Bildu «incumplió» el mandato de las JJGG.