Gidari, un colectivo de personas unidas con el objetivo de que la investigación sobre el uso de los fondos de Bidegi llegue hasta el final, ha recordado que se presentó «como acusación popular en las querellas presentadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa en noviembre de 2014 y mayo de 2015 por supuestos desvíos de más de 30 millones de euros en las obras de la autopista AP1. El juzgado admitió a trámite ambas querellas, y en este momento está en marcha la investigación».

El tribunal que lleva el caso reclamó a Gidari una fianza de 100.000 euros –50.000 por cada querella– para poder personarse. El colectivo popular presentó sendos recursos, el segundo de los cuales queda aún por resolver.  

Ante esta situación, Gidari subraya que «es imposible para un grupo de ciudadanas y ciudadanos obtener semejante cantidad de dinero» y que «el proceso ya estaba en marcha, por lo que la personación de Gidari no supone ningún coste añadido y; por lo tanto, la imposición de fianzas carece de sentido alguno».

La asociación insiste en que su «único objetivo es que se esclarezca lo que ha sucedido con nuestro dinero, con el dinero de todos y de todas; y la imposición de las fianzas es un gran y grave escollo en ese sentido. Reivindicamos el derecho de los ciudadanos a participar en la justicia, más aún cuando lo que está en juego es el esclarecimiento de la utilización del dinero de todos».