La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha informado tras el Consejo de Ministros de que este es uno de los puntos del incidente de ejecución que se presentará ante el TC, que se reunirá el lunes a las 12.30 para estudiar las medidas a adoptar.

El Ejecutivo español sostiene que la presidenta del Parlament ha podido incurrir ya en un delito por desacato de una sentencia y un auto del Constitucional, y por ese «caso omiso» el Gobierno pide al alto tribunal que remita a la Fiscalía las actuaciones de desobediencia para que resuelva si hay que actuar por la vía penal por incumplir la sentencia del 2 de diciembre de 2015. En dicha resolución, el TC anuló la declaración de ruptura del Parlament catalán.

Además de esa sentencia, la vicepresidenta ha recordado que la resolución del Parlament aprobada el pasado día 27 vulnera el auto del 19 de julio de este año, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlament, de su deber de paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC. «No es solo un desafío institucional, es un desacato al Tribunal Constitucional», ha remarcado.

El incidente de ejecución tiene tres puntos fundamentales en los que el Gobierno español solicita al TC que declare nula y sin efecto jurídico alguno la resolución del Parlament, su suspensión inmediata y, en tercer lugar, la adopción de medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias del alto tribunal.

Este tercer punto implica a su vez que se requiera personalmente a Forcadell y a los integrantes de la Mesa del Parlament para que se abstengan de «la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento» a la resolución impugnada.

Requerimiento a Puigdemont y al Govern

Según ha indicado la vicepresidenta, en el incidente de ejecución se pide al TC que haga el mismo requerimiento al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros del Govern.

Solicita también el Ejecutivo en funciones que se les advierta de que el incumplimiento del mandato del Constitucional puede llevar aparejadas sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado o incluso la apertura de la vía penal.

Otra de las peticiones contenidas en el incidente de ejecución es la «prohibición expresa» de convocar aquellos órganos del Parlament con la finalidad de debatir y votar iniciativas que conlleven el incumplimiento de las sentencias del TC, según ha explicado.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que la resolución de la Cámara catalana «incumple claramente el orden constitucional» y supone «una vulneración flagrante del Estado de Derecho».

Preguntada por si habrá más medidas, la vicepresidenta ha insistido en que defenderá «los derechos de los españoles», la legalidad y la igualdad con «solo el Estado de Derecho pero con todo el Estado de Derecho», lo que procuran hacer «con proporcionalidad y racionalidad».

Respecto a que no se pidan responsabilidades penales al resto de los asistentes al pleno, Sáenz de Santamaría ha dicho que Forcadell «lidera la institución», además de vulnerar la decisiones del TC, mientras que al resto de miembros de la Mesa, «hayan o no secundado la decisión anterior», como al secretario general o los miembros del Govern, se les advierte de que no hagan nada que pueda suponer un incumplimiento de los previsto por el alto tribunal español.