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BILBO

ELA inicia la vía para denunciar en los tribunales europeos el modelo de negociación español

El sindicato ELA ha demandado ante la Audiencia Nacional el convenio estatal de restauración colectiva con la aspiración de que el asunto llegue a los tribunales europeos y éstos se pronuncien sobre el modelo de negociación colectiva español, que, según denuncia, permite que no se pueda negociar en ámbitos inferiores al estatal.

Comparecencia de Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, el jurista Luis Enrique de la Villa y Amaia Aierbe. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS).
Comparecencia de Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, el jurista Luis Enrique de la Villa y Amaia Aierbe. (Luis JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS).

ELA interpuso el pasado 18 de julio una demanda ante la Audiencia Nacional española para impugnar este I Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva, firmado por la patronal FEAR y los sindicatos CCOO y UGT, por «vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva». La vista oral se celebró este pasado 21 de setiembre y está pendiente de conocerse la resolución del tribunal.

Tras esta sesión, representantes del sindicato, encabezados por su secretario general, Adolfo Muñoz, y el jurista Luis Enrique de la Villa, representante de ELA en este proceso, han explicado ante la prensa los principales puntos de su demanda contra este convenio que, a su entender, supone «un claro ejemplo de las nefastas consecuencias que conlleva la estatalización: impedir la negociación colectiva en la CAV y en Navarra y empobrecer de manera radical a los trabajadores».

En concreto, el sindicato ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de las cláusulas de este convenio, en palabras del jurista, «expansivo y acaparador de toda regulación posible» que impiden la negociación en un ámbito inferior al estatal y que suponen que «ELA goce de un ámbito propio de negociación colectiva en el País Vasco, en el que es el sindicato más representativo de todos, y en Navarra, donde es suficientemente representativo».

«Si ELA quiere negociar un convenio colectivo del País Vasco, tiene que pedir autorización a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Estatal, lo cual, en 52 años dedicado al estudio del derecho, no he visto nada igual», ha censurado. Según ha indicado, «ni siquiera la reforma de Rajoy permite lo que se ha hecho en ese convenio» al respecto y tampoco que algunos derechos establecidos en convenios territoriales «hasta que digan que no» los firmantes del Convenio estatal.

En este marco, pide a la Audiencia Nacional que declare esas cláusulas contrarias a la Constitución y a su desarrollo en materia sindical, como es la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

También le plantea que las declare ilegales en aplicación del propio Estatuto de los Trabajadores que «no debería permitir un exceso como este», así como por ser «contrarios» al derecho internacional como el convenio de la OIT, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos o la Carta Social Europea, que reconocen «la capacidad de negociar sin otras limitaciones que las exigibles para el funcionamientos democrático», ha explicado De la Villa.

A Europa

En caso de que el tribunal considere que esa regulación está «autorizada» por las reformas laborales, ELA pide que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE para confrontar la normativa europea con el derecho comunitario y determinar si es «compatible» con los tratados europeos y, sobre todo, la Carta de Derechos Fundamentales, que contempla que «todo sindicato tiene derecho a negociar en el nivel adecuado».

Asimismo, se solicita el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que, en ese caso, el Estatuto de los Trabajadores vulnera derechos fundamentales.

De la Villa ha explicado que el Tribunal Constitucional ha establecido reiteradamente que «el modelo de negociación colectiva que establezca la ley es discrecional del legislador siempre que no viole o exceda los límites de la propia Constitución». En el caso del actual, tras la reforma laboral de 2012, el Constitucional le «ha dado visto bueno» en dos ocasiones, en 2014 y 2015, aunque en respuesta a impugnaciones que no se refieren a la cuestión denunciada por ELA.

Tras la vista del pasado día 21, en la que la oposición a las demandas de ELA procedió «fundamentalmente» de la patronal firmante y el fiscal entendió que debería desestimarse porque «obedece a una política de homogeneización de las condiciones de trabajo en todos los territorios», el proceso ha quedado en espera de la resolución de la Audiencia Nacional, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La decisión del Supremo puede recurrirse, por su parte, en amparo ante el Constitucional y finalmente queda abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar que se aplique el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950 que, según ha indicado, fue ratificado por el Estado español en 1979.

La intención de ELA es «superar» la vía judicial estatal y acudir a los tribunales europeos, «más garantistas», para denunciar que el marco legal vigente posibilita su «exclusión» de un espacio propio de negociación colectiva, lo que supone «una vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva reconocidos en la normativa comunitaria e internacional».

De la Villa explicado que los plazos de resolución en este proceso son «imprevisibles», ya que dependerán en función de las decisiones que vayan tomándose ya que la sentencia de la Audiencia Nacional podría conocerse «en breve, en ocho o diez días», pero una resolución del Constitucional o de los tribunales europeos pueden prolongarse años.

«La vía política está sorda»

El secretario general de ELA ha incidido en que, «detrás de la homogeneización de condiciones de trabajo, está el empobrecimiento de las condiciones de trabajo». «Si este convenio se queda como está en el ámbito estatal, las nuevas contrataciones en Colectividades de Bizkaia –cuyo convenio territorial está recurrido– tendrán un salario inferior, con una grave devaluación salarial», ha censurado.

Adolfo Muñoz ha afirmado, por otro lado, que «echamos de menos posiciones políticas en el ámbito vasco que concluyan que es un problema político». De este modo, ha advertido de que «esto se puede resolver de dos formas», un «largo proceso» judicial o también «una reforma legal».

«Nosotros ya dijimos que íbamos a poner todos los medios que tenemos para salvaguardar el derecho a la negociación colectiva en el ámbito vasco», ha añadido el dirigente sindical, que ha lamentado que «hoy la vía política está sorda» porque, según ha denunciado, «"los ajustes en el ámbito público se están haciendo aplicando convenios de Estado». Según ha advertido, «viene muy bien la estatalización en el ámbito público y en el privado».