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Madrid

El Constitucional pide a la Fiscalía que actúe contra Forcadell por desobedecer sus resoluciones

El Tribunal Constitucional ha aprobado pedir a la Fiscalía que exija «la responsabilidad penal» que corresponda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no acatar sus resoluciones. Por otro lado, el Supremo ha pedido al Congreso su autorización para proceder contra el portavoz del PDC, Francesc Homs.

Carme Forcadell presidenta del Parlament, en una imagen de archivo.
Carme Forcadell presidenta del Parlament, en una imagen de archivo.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado por unanimidad pedir al fiscal que exija «la responsabilidad penal» que corresponda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no acatar sus resoluciones del tribunal.

Asimismo, el TC ha acordado la nulidad de las conclusiones de la denominada «Comisión de estudio del proceso constituyente», cuya votación promovió Forcadell contra la prohibición dictada previamente por el tribunal.

El TC entiende que el texto votado tiene «efectos jurídicos propios y no meramente políticos», pues implica «el reconocimiento en favor del Parlamento o del pueblo de Cataluña de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución».

En la nota se recuerda que es Parlamento catalán podría someter a discusión «propuestas que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional» siempre y cuando estén dentro del «marco de los procedimientos de reforma de la Constitución».

«La legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña no puede oponerse a la primacía incondicional de la Constitución», añade.

Suplicatorio para Homs

Por su parte, el Tribunal Supremo ha dado curso a la petición de autorización al Congreso de los Diputados para proceder contra el portavoz de la antigua Convergència (CDC) –ahora Partit Demòcrata Català (PDC)–, Francesc Homs, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación al participar en la preparación de la consulta del 9-N.

El alto tribunal adopta esta decisión a instancias del instructor de la causa, Andrés Palomo, quien descarta las acusaciones de malversación de caudales públicos que pesaban inicialmente sobre el diputado.