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El Gobierno abre la puerta a más empresas de inserción sociolaboral

El Gobierno de Nafarroa ha aprobado un decreto foral para regular las empresas de inserción sociolaboral y las ayudas que reciben, a la vez que permitirá que nuevos centros alcancen esta calificación.

Con este decreto foral se adapta la normativa actual al marco legal común establecido por el Estado en 2007.

Uno de los principales cambios es la conversión, en un plazo de hasta dos años según el caso, de los actuales centros de inclusión sociolaboral en empresas de economía social.

Estos centros emplean a personas en situación o riesgo de exclusión con el fin de alcanzar, en un periodo máximo de tres años, su integración en el mercado de trabajo ordinario mediante un itinerario de formación y acompañamiento.

Actualmente existen en Nafarroa 11 centros de este tipo, que fueron calificados así por una normativa de 1999 y que emplean a 240 personas. Están financiados por el Departamento de Derechos Sociales.

No obstante, el Servicio Navarro de Empleo tiene constancia de otras instituciones que realizan labores similares pero que no pueden acceder a esta calificación porque dicha normativa fue derogada en 2012.

Con el decreto foral aprobado, se establece un registro de empresas de inserción sociolaboral y se define el procedimiento de calificación por parte del Gobierno de Nafarroa, de modo que cualquier centro podrá ser reconocido como tal, siempre que cumpla los requisitos definidos, como por ejemplo ser promovida por una entidad sin ánimo de lucro.

Los centros de inserción sociolaboral de Nafarroa, convertidos ya en empresas de economía social, podrán participar en las reservas para este tipo de entidades en los contratos públicos que realizan otras administraciones a nivel estatal.

El decreto foral establece un marco para las ayudas que recibirán las futuras empresas de inserción sociolaboral, que podrán ser subvenciones por salarios, por cuotas empresariales de la Seguridad Social, por asistencia técnica y por inversiones.

El Departamento de Derechos Sociales ha previsto para financiar estas ayudas una partida de 2,2 millones de euros en 2017, un 17,3 % más que este año.