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El Gobierno deja sin efecto el convenio para eliminar pintadas

El Gobierno de Nafarroa ha dejado sin efecto el Convenio con la Delegación del Gobierno español en el herrialde para la eliminación de pintadas. Desde la firma del protocolo en 2012 se han borrado un total de 204 pintadas tras enviarse 118 requerimientos a 26 municipios.

El Gobierno de Nafarroa deja de colaborar con la Delegación del Gobierno español en la persecución de pintadas. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)
El Gobierno de Nafarroa deja de colaborar con la Delegación del Gobierno español en la persecución de pintadas. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)

Así lo ha comunicado el propio Ejecutivo a la Delegación del Gobierno en Nafarroa, que lamenta el fin de la colaboración entre ambas administraciones en esta materia.

El acuerdo se puso en marcha en noviembre de 2012, cuando representantes de ambas instituciones (sustentadas por PP en un caso y UPN en otro) firmaron un convenio de colaboración para eliminar las pintadas, carteles o pancartas que existían en algunos municipios de Nafarroa y que se consideraban «una exaltación o enaltecimiento del terrorismo».

Según recuerda la delegación del Gobierno español, el acuerdo se tomó porque algunos ayuntamientos no borraban las pintadas. Los consistorios son, según la normativa actual, las instituciones competentes en la prestación del servicio público de limpieza, en la que se incluye la limpieza de pintadas.

Desde la firma de este protocolo, la Delegación del Gobierno español ha enviado 118 requerimientos a 26 municipios para el borrado de 204 pintadas.

Así, en virtud del protocolo firmado en su día, ante el conocimiento de alguna pintada o pancarta, la Policía española, la Guardia Civil y la Policía Foral eran las fuerzas de seguridad encargadas de elaborar un informe, que entregaban a la administración pública de la que dependían.

El Gobierno de Nafarroa y la Delegación del Gobierno español ponían en común dicho escrito. Con el informe realizado y, en función del cuerpo policial que lo hubiera elaborado, una u otra entidad se encargaba de notificar al ayuntamiento correspondiente la situación, recordándole su obligación legal de limpiar las pintadas, y dándole un mes de plazo para su eliminación.

Una vez transcurrido el plazo, se comprobaba que el requerimiento se hubiera hecho efectivo. Si no era así, el Ejecutivo actuaba ejecutando la limpieza y eliminación de las pintadas con coste económico a cargo del ayuntamiento incumplidor, actuación que se llevaba a cabo sin perjuicio de la remisión de los hechos a los órganos judiciales o fiscales competentes, a efectos de depurar responsabilidades penales.

En este ámbito del borrado de pintadas, este año ha destacado la persecución contra los murales contra la tortura dentro de la campaña Aztnugal, en virtud de la cual se han producido detenciones, como en el caso de Burlata y Atarrabia.