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El Gobierno habilita alternativas para familias en proceso de desahucio

El Gobierno de Nafarroa habilita alternativas para familias en proceso de desahucio. Ampliar la bolsa de alquiler social con viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias figura entre las propuestas recibidas de la PAH de Nafarroa.

El Gobierno ha tenido en cuenta las propuestas de la PAH para buscar alternativas a los desahucios. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)
El Gobierno ha tenido en cuenta las propuestas de la PAH para buscar alternativas a los desahucios. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)

El Gobierno navarro, a través de la sociedad pública Nasuvinsa (Navarra Navarra de Suelo y Vivienda S.A.), ha evaluado junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el herrialde las alternativas de alquiler protegido, servicio social y asesoramiento técnico a familias incursas en procesos de desahucio, para responder así a situaciones de emergencia.

A esta reunión de trabajo, celebrada recientemente, acudieron por parte del Ejecutivo navarro el director gerente de Nasuvinsa y la responsable del área de Alquiler de Vivienda de esta sociedad pública, José Mª Aierdi y Pilar Riudavets, respectivamente; y en representación de la plataforma antidesahucios Ángel Larrea, Tere González y Jesús Hernández.

Los responsables de Nasuvinsa han recogido varias sugerencias y aportaciones de los representantes de la PAH en el herrialde. Una de las principales aportaciones de la PAH es la necesidad de procurar que las entidades financieras pongan más viviendas procedentes de sus ejecuciones hipotecarias a disposición de la bolsa de alquiler social.

Además, se destacó la importancia del programa de alquiler protegido del Gobierno navarro como herramienta clave para responder a las necesidades sociales en materia de vivienda. Cabe señalar que durante 2016 ocho familias han sido acogidas en el programa de atención social del Gobierno de Nafarroa, que prevé ampliar la cobertura para el próximo año con la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler protegido.

En esta materia, el Ejecutivo cambió el baremo de condiciones para acceder a un alquiler protegido, primando a personas que, aun siendo todavía propietarias, hubieran tenido que salir de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria. De esta forma, Nasuvinsa ha ido realojando en viviendas de alquiler social a familias que han padecido esta situación.

Asimismo, entre otras medidas puestas en marcha, los precios del alquiler protegido y de los módulos de VPO han descendido entre el 8% y el 14%, según lo acordado con los promotores privados y las empresas del sector de la construcción.

En palabras de José Mª Aierdi, «Nasuvinsa ha empezado a convertirse, con actuaciones concretas acometidas durante este último año, en un agente sensible y activo en la respuesta institucional a la urgencia social de los desahucios, una realidad palpable y ante la cual los poderes públicos no pueden quedarse al margen».

Nasuvinsa gestiona actualmente un total de 981 viviendas propiedad de la sociedad pública, de las cuales 707 están arrendadas en régimen especial de protección social para familias con escasos recursos y las 274 restantes están en régimen general de alquiler para jóvenes.

En cuanto a la bolsa de inmuebles de propietarios particulares que ceden a Nasuvinsa la gestión de su alquiler, con la garantía de renta y mantenimiento cubierta por el propio Gobierno, la sociedad pública cuenta con 485 viviendas, de las que 270 son libres y las 215 restantes protegidas.