Dicha empresa se había adjudicado en febrero de 2007 el proyecto Talasoterapia Kiura, que constaba de la construcción y explotación de un centro de talosoterapia, así como de los servicios públicos de la playa de Bakio.

Por problemas de permisos, según el relato del alcalde, la empresa retrasó el inicio de la obra, así como el pago del canon correspondiente a la dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por ocupación de los terrenos necesarios para ejecutarla.

Para «desbloquear» la situación y con la «prioridad» de que se construyeran los servicios públicos de la playa, Rentería planteó al secretario municipal la posibilidad de que en el contrato –que se firmó más de un año después, en abril de 2008– se modificara una cláusula del pliego de adjudicación para demorar los plazos del pago del canon.

Esa cláusula establecía que la empresa debía pagar el canon a Costas desde el momento de la adjudicación, mientras que en el contrato se determinó que dicho canon se devengara desde la firma, pero que el pago no se iniciara hasta el inicio de la actividad del centro de talasoterapia, según se ha expuesto en el juicio.

El Ministerio Fiscal considera que esta modificación es constitutiva de los delitos de «prevaricación y falsedad en documento oficial» por lo que pide unas penas de tres años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.

También pide que se indemnice al ayuntamiento con 470.000 euros, ya que el consistorio pagó finalmente el canon a Costas.

La acusación particular, que representa a EH Bildu, partido que gobierna en Bakio en esta legislatura, considera que el exalcalde cometió únicamente un presunto delito de prevaricación por el que pide diez años de inhabilitación y la misma indemnización que la Fiscalía, mientras que la defensa solicita la absolución.

«Dios nos había venido a ver»

En la primera sesión de este juicio ha declarado el acusado, quien ha manifestado que consultó la modificación con el secretario municipal y que «nadie» le comentó que se estaban alterando unas cláusulas «que no podían alterarse».

Ha asegurado también que el devengo «siempre» se planteó desde el momento de la adjudicación, pese a que le han mostrado el contrato en el cual figura que la demora es desde la firma de este texto hasta el inicio de la actividad.

Ha puesto en valor que para el verano de 2008 la adjudicataria ya había construido los servicios públicos de la playa. «No se le perdonó ni un euro», ha asegurado, y ha argumentado que vio la posibilidad de construir dichos servicios sin que al ayuntamiento le supusiera gasto alguno. «Dios nos había venido a ver», pensó en aquel momento. La cuestión es que centro de talasoterapia no se llegó a construir y que la empresa adjudicataria ya no existe.

En esta misma sesión han declarado concejales del PNV que compartieron legislatura con Rentería, así como su sucesor en el cargo de 2011 a 2015, Aitor Apraiz, también del PNV, quien ha afirmado que durante su mandato el consistorio exigió a la empresa el pago del canon desde 2007, porque así lo dijo el secretario municipal, y que desconocía si en el contrato que firmó el acusado se habían establecido otras fechas.

Mañana miércoles continúa el juicio con la comparecencia de otros testigos, entre ellos el secretario municipal.