Los proponentes, que se han mostrado dispuestos a alcanzar acuerdos con otros grupos para poder sacar adelante esta iniciativa, plantean que en tanto en cuanto no se apruebe una nueva normativa que regule esta materia, las competencias previstas sean atribuidas al Consejo Económico y Social.

Entre las razones recogidas en la exposición de motivos para pedir la derogación citan que es un órgano creado al final de la anterior legislatura pensado en un modelo de diálogo social «de otros tiempos, agotado, que es preciso superar».

En este sentido señalan que responde a un modelo de diálogo social «basado en la exclusión», que se ha limitado a la participación y negociación entre UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Nafarroa.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha criticado la posición del Gobierno de Nafarroa de «resucitar un órgano que corresponde a tiempos pasados» y no a un tiempo «de cambio social».

Araiz ha señalado que este órgano es fruto de un modelo de diálogo social «excluyente en el que la paz social tuvo un determinado precio», un modelo con el que hay que acabar y apostar por un órgano «más plural» donde estén todos los sindicatos que vaya más allá del propio marco laboral.

La iniciativa está también firmada por Podemos, cuya portavoz Laura Pérez, ha manifestado que el Gobierno debe actuar de «forma prudente», dejar en suspenso la convocatoria e investigar la gestión y el destino de las políticas en materia de empleo.

En su opinión es preciso trabajar no solo porque se derogue este consejo, sino por promover un espacio «alternativo, más democrático y participativo» con otras entidades como de la economía social o asociaciones de mujeres.

Ante la posibilidad de que no prospere al no contar con el apoyo ni de la oposición, ni de los otros dos grupos del cuatripartito, ha comentado que habían estudiado la posibilidad de retirar esta proposición y presentarla de forma más amplia, no solo instando a la derogación, sino ya conformando lo que sería el nuevo órgano, pero por cuestiones de trámite, lo han presentado así, lo que «no quita» para que pueda prosperar esta segunda propuesta.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que analizarán la proposición de ley, así como que van a emplazar al Gobierno de Nafarroa para que en el diálogo social «estén todas las fuerzas posibles para que el diálogo social sea una realidad».

Ha remarcado que su grupo es «total y absolutamente» partidario del diálogo social, un «objetivo importante a conseguir, y no solo un objetivo también un medio y un fin». Finalmente ha apuntado que es importante reconocer las modificaciones que se han realizado.

Desde la oposición, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha opinado que este es «otro paso más», para a continuación indicar que ELA y LAB «desde siempre» han estado en contra de «todo diálogo» y ahora son EH Bildu y Podemos quienes vienen a defender esa posición.

Esparza ha defendido los frutos que ha dado el diálogo social y ha opinado que quitarlo supone el«"caos», a lo que ha añadido que habrá que ver qué dicen al respecto los vicepresidentes Manu Ayerdi y Miguel Laparra, habrá que ver si la presidenta Uxue Barkos les respalda a ellos o a EH Bildu y Podemos.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha defendido la continuidad del Consejo, con participación de todos los agentes que quieran hacerlo, pero ha afirmado que, si algunos se quieren autoexcluir será su decisión, pero en ningún caso se debe derogar un órgano necesario para la concertación y el diálogo social, un modelo de éxito que debe seguir funcionando.

En un sentido similar se ha pronunciado Ana Beltrán, PPN, quien ha destacado los «muchos frutos de paz social y desarrollo económico» derivados del dialogo social, algo que, en su opinión, quieren «hacer volar por lo aires», de ahí que vayan a estar «muy pendientes» de esta ley.