La propuesta, que se encuentra en fase de exposición pública hasta el próximo 10 de mayo, ha sido presentada en rueda de prensa.

«Podemos decir que el Gobierno de Navarra construye un nuevo modelo de relación con la sociedad civil», ha afirmado Laparra, que ha explicado que se plantea «un proceso de colaboración entre la Administración pública y las entidades sociales en el refuerzo del propio sistema público», tanto de Salud como de Servicios Sociales.

El consejero, que ha matizado que se pretende «reforzar» el sistema público con nuevas prestaciones pero no «privatizar los servicios públicos existentes», ha indicado que la propuesta «supone un reconocimiento de la especificidad de este tipo de entidades», pues muchas de ellas «surgen como iniciativa de las propias personas afectadas por distintas problemáticas».

«Frente a las subvenciones, que se van renovando anualmente, los conciertos están previstos para una duración de unos tres años, renovables hasta un total de nueve», ha detallado Laparra, que ha destacado que se trata de «periodos notablemente más largos» y que «dan más estabilidad a los servicios».

De esta forma, ha anunciado que la prestaciones que se concierten contarán con «todas las garantías que supone un servicio público» en términos de «calidad» y «continuidad», y que «hay un amplio margen de maniobra para sustituir subvenciones anuales por conciertos más estables por esta vía».

Salvo la red de atención primaria, que no es objeto de concertación, ha precisado que el resto de Servicios Sociales gestionados por entidades de iniciativa social podrían estar sujetos a estos conciertos, y ha puesto como ejemplo los centros ocupacionales para personas con discapacidad o menores.

Asimismo, ha remarcado las salvaguardas que introduce el anteproyecto, como la garantía de que los conciertos «no supongan nunca una vía para la privatización de servicios públicos ni sean obstáculo para revertir a lo público elementos que fueron privatizados», o el objetivo de «homogeneizar e igualar los salarios con los propios de los centros públicos».

Por su parte, Gabilondo ha considerado que se trata de una «alternativa a la contratación de servicios» y que «abre nuevas vías para la concertación de nuevas modalidades de atención».

Tras subrayar que la mayor duración de los contratos aportará «estabilidad a entidades sin ánimo de lucro», ha añadido que los vigentes «no sufrirán ninguna modificación» y que «se mantienen en vigor».

Además, ha remarcado la «calidad» y «seguridad» de los servicios ofrecidos y que «la responsabilidad pública de la asistencia sanitaria es indelegable».

«Podemos concertar la atención con servicios, pero no podemos delegar la responsabilidad de garantizar que esos servicios se ofrecen con las máximas garantías», ha apostillado.

Según se informa en nota de prensa, se delimitarán «los casos en los que estos conciertos puedan suscribirse» y se «define con más claridad las características que han de cumplir las entidades» para ser consideradas sin ánimo de lucro para, de esta forma, «evitar posibles desviaciones en la correcta utilización de esta fórmula».