Esta ley fue aprobada por el Parlamento de Gasteiz la pasada legislatura, el 28 de julio de 2016, con el apoyo del PNV y del PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. Su finalidad es regular la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos policiales cometidos en Euskadi entre 1978 y 1999.

La norma es continuación del decreto que aprobó el Gobierno de Lakua presidido por Patxi López en 2012 para atender a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos del período comprendido entre 1960 y 1978.

El Gobierno de Mariano Rajoy anunció su intención de recurrir esta ley con el argumento de que «algunos de sus preceptos vulneran la Constitución e infringen varias competencias exclusivas estatales”», aunque el recurso ante el Tribunal Constitucional aún no ha sido interpuesto a la espera de que antes del 10 de mayo pueda producirse un acuerdo entre ambas administraciones en el seno de la comisión bilateral.

Hoy, Salvioli ha presentado el informe al lehendakari de Lakua, Iñigo Urkullu, y posteriormente ha comparecido en una rueda de prensa junto con el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, quien ha señalado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu hará «todo lo posible» para que se produzca un acuerdo entre ambos gobiernos tras ratificarse que la normativa cumple con el derecho internacional.

Fernández ha ofrecido al Gobierno español «recorrer juntos» el camino de la reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos a través de esta ley que está construida, ha subrayado, sobre la base de «una sólida seguridad jurídica».

El dictamen fue encarado por el Gobierno de Lakua a Salvioli en calidad de «consultor experto independiente».

El expresidente del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha explicado que la ley va en la dirección indicada por el derecho internacional y por los estándares construidos en materia de reparaciones a víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Asegura en su informe que el contenido de la normativa se ajusta «a rajatabla» a la «consistente jurisprudencia internacional» y cumple con los dictámenes de órganos internacionales en materia de reparación.

Añade que las indemnizaciones y reparaciones a estas víctimas «coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad» y considera que la legislación vasca «será objeto de valoración muy positiva» por parte de los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos.

«Obligación del Estado»

El experto ha opinado que la norma responde a «una obligación que el Estado debe cumplir» y ha dejado claro que no se inmiscuye en cuestiones del Código Penal.

Jonan Fernández ha recordado que la ley aprobada por el Parlamento de Gasteiz ha sido acreditada por expertos «imparciales» durante su tramitación parlamentaria y ahora, con el informe de Salvioli, se confirma que se ajusta a los mandatos internacionales en materia de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

Ha enfatizado que el principio «de centralidad» de las víctimas es «inapelable» y tiene un «profundo valor pedagógico para la memoria y la convivencia».

En este sentido, ha destacado la importancia de que sean reconocidos todos los afectados por vulneraciones de derechos humanos, «también los causadas por abuso de poder o por un indebido uso de la fuerza por parte del Estado».