El Foro contra Garoña interpreta la decisión del Consejo de Administración de Nuclenor de mantener la solicitud de reapertura de la central nuclear de Garoña, a pesar de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijera el pasado 31 de marzo ante la Junta de Accionistas que esta central no es rentable.

«Pese a las afirmaciones de Sánchez Galán de que la sección de producción nuclear presenta continuos ejercicios en pérdidas» y abogara por el cierre de Garoña, «en la presentación de los resultados de la eléctrica solicitó más tiempo para decidir», ha recordado el Foro en una nota.

A su juicio, el motivo es que «están convencidos de que aún tienen muchos rendimientos económicos que exprimir a Garoña antes de darla por amortizada, ya sea mediante rebajas fiscales ya sea mediante compensaciones específicas», ha denunciado, tras ironizar con que «empresas y Gobierno han demostrado una gran creatividad fiscal desde la liberalización de las eléctricas».

«Si la apuesta de Iberdrola fuera realmente el cierre de este área de negocio, la nuclear, aunque sea por razones puramente económicas, hace tiempo habría iniciado las gestiones para deshacerse de ella, bien mediante cierre bien mediante la venta de todas sus acciones», ha opinado el Foro contra Garoña.

Ahora será el Ministerio español de Energía el que tenga la última palabra en la concesión del permiso de reapertura para la central de Garoña, algo que debe hacer antes del 6 de agosto cuando concluye el plazo de seis meses establecido tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que dio luz verde a la reapertura si se hacen las modificaciones necesarias en la planta que garanticen su seguridad.

Rechazo institucional

Tanto el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, como el diputado general de Araba, Ramiro González, mostraron su rechazo a la postura de Nuclenor.

Así, Urtaran ha considerado que «el riesgo para la población y el medio ambiente de reabrir la central nuclear de Garoña es inasumible para el Estado».

Urtaran, en una comparecencia ante los medios de comunicación, se ha mostrado indignado por la postura del presidente de Endesa, Borja Prado, de esperar a que se pronuncie el Gobierno español sobre la reapertura de la central.

Ha considerado que con este asunto ha habido un juego de pasarse «la patata caliente» del Consejo de Seguridad Nuclear a las empresas y ahora éstas al Gobierno, al que ha pedido que sea valiente, no espere a agosto y anuncie el cierre definitivo de Garoña.

Ha insistido en reclamar al presidente del Gobiern español, Mariano Rajoy, que salga «hoy mismo» y anuncie el cierre y desmantelamiento de la central nuclear, que dé «carpetazo cuanto antes» a este asunto.

El diputado general de Alava, Ramiro González, por su parte, ha manifestado su «profunda decepción» tras la decisión de Endesa de rechazar la propuesta de Iberdrola de cerrar Garoña, y ha instado al Gobierno español a «resolver de una vez por todas esta cuestión».

En declaraciones a Radio Vitoria, González ha asegurado que «mantenía la esperanza o el deseo de que, finalmente, Iberdrola y Endesa se pusieran de acuerdo para no optar a la reapertura de la central nuclear». «Yo creo que era más deseo que otra cosa», ha dicho.

Según ha apuntado, él mismo ha defendido «desde hace tiempo» que es el Gobierno español el que «tiene que resolver esta cuestión de una vez por todas». «La verdad es que es una profunda decepción, tengo que reconocerlo», ha insistido.

PP: «Decisión de los técnicos

La secretaria general del PP de la CAV, Amaya Fernández, en cambio, se ha mostrado convencida de que el Gobierno español basará su decisión sobre la central nuclear de Garoña «en lo que determinen los técnicos».

En una entrevista en Radio Euskadi, Fernández ha advertido de que los partidos políticos no están para «inmiscuirse en las decisiones empresariales, sino que deben ser respetuosos».

Además, ha destacado la «complejidad de este asunto de la energía nuclear», por lo que «hay que residenciar la base de las decisiones en aquellos informes que se emitan desde los técnicos». En este sentido, se ha mostrado convencida de que el Gobierno español «apoyará su decisión en lo que determinen los técnicos».