Tras rubricar el convenio junto a la consejera de Relaciones Institucionales, Alfonso Carlosena ha asegurado la vocación de la UPNA por ser una universidad «ligada al territorio» y que «contribuya al desarrollo» tanto económico como social.

En este segundo ámbito ha enmarcado el acuerdo firmado por la información que aportará a la sociedad y por la utilidad que puede reportar al Gobierno para sus políticas públicas un trabajo hecho «desde el rigor y con una visión imparcial», algo que en asuntos como éste es «especialmente importante y necesaria».

El convenio, con vigencia para 2017 y un coste de 55.000 euros que financiará el Ejecutivo navarro, busca completar el censo de personas represaliadas y ampliar la información sobre la represión sufrida.

Para ello, a lo largo de este año el Fondo Documental de la Memoria Histórica de la UPNA trabajará en la información de distintos archivos militares y en la documentación judicial de la Merindad de Iruñea correspondiente a 1935 y 1936.

De la investigación se encargará el equipo de Emilio Majuelo, «un referente en este tema a nivel nacional», según ha destacado la consejera Ana Ollo, que estará coordinado por el también profesor de la UPNA Fernando Mendiola.

«Es una buena noticia para el Gobierno, para la Universidad Pública de Navarra, para los familiares, las asociaciones memorialistas y, sobre todo, para la sociedad» a fin de conseguir «una cultura de paz y convivencia asentada en una revisión crítica de nuestro pasado», ha dicho Ollo.

Y ha destacado al respecto que el rigor que caracteriza el trabajo universitario es «fundamental», en este caso para «avanzar en la verdad, la justicia y la reparación» que merecen «todas las víctimas».

Para la titular de Relaciones Ciudadanas, hay que conocer también lo acaecido para que «no se vuelvan a repetir hechos violentos» como aquellos y por lo tanto el objetivo prioritario es «seguir arrojando luz».

«Es importante distinguir entre historia y memoria y dejar claras las funciones de cada una de ellas, pero también es importante saber que sin historia no se puede construir una memoria fiel del pasado y de las vulneraciones de derechos humanos que aquí se han producido», ha manifestado.

Así ha insistido en que «los procesos de investigación deben permitir arrojar luz sobre la represión política ejercida» en Nafarroa por el franquismo, lo que permitirá al mismo tiempo que sean «la base sobre la que se asienten las políticas públicas de memoria».

Ana Ollo ha recordado que estas pasan por la democratización del espacio público mediante la eliminación de la simbología franquista, actos de reconocimiento y reparación de las víctimas, la recuperación de los asesinados, o la transmisión de la memoria declarando diferentes espacios en los que se produjeron determinados hechos como «lugares de memoria».

Por último, ha puesto en valor que el convenio firmado se suma a otros que la UPNA ha suscrito ya con instituciones como el Parlamento de Nafarroa o el Ayuntamiento de Iruñea, ya que se «complementarán» para «salir todos ganando».