El portavoz de Sare Joseba Azkarraga, que ha comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz, ha explicado que Sare no está reclamando que alguien «se salte la ley» sino precisamente que ésta se aplique a los presos vascos de la misma forma que se hace con otros reclusos.

Azkarraga ha recordado que tanto la legislación española, como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, contemplan medidas destinadas a «preservar la dignidad» de los presos en casos como los de enfermedades graves.

De hecho, el artículo 80.4 del Código Penal dispone que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

En su intervención, el portavoz de Sare se ha referido a las directrices de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con las que se trata de concretar la aplicación de este principio general, así como a las polémicas afirmaciones del ministro español de Interior, Juan Ignacio Zoido, en torno a dichas orientaciones.

Las directrices de Instituciones Penitenciarias establecen que los presos con enfermedades graves podrán ser excarcelados cuando su fallecimiento sea prevea «con razonable certeza, a muy corto plazo».

El ministro, en una respuesta parlamentaria a EH Bildu en relación a dicha instrucción, indicó que «cabe indicar que existe peligro patente para la vida cuando la razonable certeza de fallecimiento del interno es de un plazo inferior a los dos meses».

Azkarraga ha denunciado que tales afirmaciones atentan contra «cualquier criterio de humanidad y de dignidad», y ha criticado que la política carcelaria que aplica el Gobierno español a los presos vascos está basada en «la venganza y el revanchismo».

Por ese motivo, ha pedido al Parlamento de Gasteiz que reclame a las instituciones competentes el final de la política de alejamiento, de la «excepcionalidad» en la aplicación de la política penitenciaria, y un cambio en el tratamiento de la situación de los presos con enfermedades graves.

Azkarraga ha asegurado que la adopción de estas medidas no supondría una «claudicación» por parte del Gobierno español, sino simplemente el cumplimiento de la legislación.

«Ojo por ojo»

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha destacado que su partido coincide con las tres propuestas planteadas por Sare. Además, ha destacado que en la construcción de la convivencia debe garantizarse un «papel central» a las víctimas.

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha denunciado que las afirmaciones de Zoido sobre el tratamiento de los presos con enfermedades graves es una «obscenidad», que demuestra que el Ejecutivo español se guía por el principio del «ojo por ojo».

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala ha mostrado su respeto a los derechos humanos de todas las personas, por lo que ha criticado que la legislación penitenciaria se interprete de forma «diferente» en función del tipo de recluso al que se aplica.

Por parte del PSE, Rafaela Romero ha recordado que la propia Constitución española prohíbe las «penas degradantes», por lo que la puesta en libertad de un preso con una enfermedad grave e incurable es «posible y factible».

La parlamentaria del PP Juana Bengoechea se ha mostrado partidaria de «mejorar», en los casos que sea necesario, el tratamiento médico de los presos enfermos, aunque ha advertido de que eso no puede suponer en ninguna caso la «impunidad».