Article 19 se define como una organización independiente que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión. Su director de programas, David Díaz-Jogeix, habló ayer sobre los límites de la libertad de expresión y los delitos de odio, invitado por la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos que dirige Jon Mirena Landa, en una jornada coordinada por Bertha Gaztelumendi.

David Díaz-Jogeix mostró su preocupación por la deriva hacia el autoritarismo que se está dando en el mundo, tanto en los gobiernos como en las propias sociedades democráticas. Y por ello Article 19 aboga por diferenciar las respuestas que deben darse ante los llamados «discursos del odio».

Que afecte a las personas

En primer lugar estableció que para actuar contra estos «discursos del odio» han de afectar a personas o grupos, no a unas ideas. Explicó que, por ejemplo, «las religiones no tienen derechos y blasfemar o difamar a las religiones no es un delito de odio». Pasa a serlo, cuando ese discurso produce un efecto directo contra los derechos humanos de personas concretas o de grupos. También sostuvo que «no hay un derecho a no ser ofendido», y relató que «el Estado español tiene un problema» con esta cuestión.

Desde este punto de partida, Díaz-Jogeix dibujó una pirámide sobre cómo actuar ante este tipo de discursos en función de la gravedad del daño. Dado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, existe un consenso internacional sobre la necesidad de restringirla y actuar legalmente cuando se produce una incitación al genocidio y a otras violaciones del derecho internacional (que sería la cúspide de la pirámide), y cuando la instigación al odio discriminatorio constituya incitación a la hostilidad, discriminación o violencia.

Internacionalmente se recoge que también cabe una restricción de la libertad de expresión para proteger los derechos de los demás, la seguridad nacional o el orden público, o la salud o la moral pública. Pero David Díaz-Jogeix recordó que los Estados suelen tender a limitar en exceso estos apartados, por lo que para actuar debe haber una previsión legal y perseguir un fin legítimo. Y, aún con estas cautelas, se preguntó si tantas restricciones son necesarias en una sociedad democrática.

Por último, en la base de la pirámide se encuentran aquellas expresiones del «discurso del odio», que entran dentro de los parámetros legales, pero que muestran niveles preocupantes de intolerancia. Para estos casos, David Díaz-Jogeix defendió la prevalencia de la libertad de expresión y que esas manifestaciones de odio e intolerancia sean combatidos, no a través de las prohibiciones, sino de la contraposición de datos y discursos favorecedores de la igualdad y de la no discriminación, lo que atañe tanto a los poderes públicos como a los medios.

En el turno de preguntas, hubo posibilidad de llevar la teoría a la práctica. Para las declaraciones del exalcalde de Gasteiz Javier Maroto, sobre los magrebíes, el director de programas de Article 19 propone el combate discursivo pero no una actuación legal. Para el autobús tránsfobo de «Hazte oír», asume la prohibición de su circulación, porque puede afectar directamente a menores, y supone una limitación de la actividad de sus impulsores, pero no se les criminaliza ni imputa un delito.

Visibilizar a torturados

En la jornada también participó Carla Fersteman, directora de Redress, organismo que ayuda a torturados. Abogó por visibilizar e individualizar sus casos. Su intervención estuvo centrada en el panorama internacional, sin adentrarse en la realidad vasca.

David Díaz-Jogeix invitó a los medios a preguntarse si los casos de torturas están siendo investigados como es obligado y, para no echar siempre la culpa a Madrid, si el Gobierno de Lakua lo hace con los casos denunciados de la Ertzaintza.