Azkarraga ha remarcado que «resulta dificil de entender, desde un punto de vista democratico, que aún queden espacios de ambigüedad y de rechazo sobre cuestiones básicas como la defensa de los derechos humanos, que deberian ser ámbito de unión de todos nosotros».

En este sentido, ha destacado como ejemplo la pluralidad de representantes políticos de Ipar Euskal Herria que se ha sumado a las iniciativas por la excarcelación del preso enfermo Oier Gómez, que estaba encarcelado en el Estado francés. «Ojalá esta actitud sirva a esta otra parte de los Pirineos para alcanzar acuerdos, cuando menos en materias que hablan de humanidad, de dignidad y de justicia», ha deseado.

Azkarraga ha denunciado que «las cárceles son espacios de impunidad y de castigo», más «almacenes donde se amontonan personas» que «un espacio de resocialización».

En ese marco, ha hecho hincapié en la situación que viven las personas gravemente enfermas. «Deberíamos tener muy en cuenta que en las prisiones españolas han muerto, en los últimos cinco años, 411 personas», ha indicado.

Ha recordado que, si bien las normativas vigentes «prevén en diferentes preceptos la situación especial en la que se pueden encontrar los penados considerados como enfermos muy graves, con padecimientos incurables», el Gobierno español «ha bloqueado estas vías para los reclusos y reclusas vascos».

«Crueldad inaudita»

«Las directrices de Instuciones Penitenciarias, así como las declaraciones del ministro del Interior al anunciar que sólo serán puestos en libertad cuando haya seguridad de que se van a morir ya, son actuaciones que retuercen la norma. Son de una crueldad inaudita», ha continuado el portavoz de Sare.

Ha reconocido que «la excarcelación de una persona penada, aquejada de una enfermedad grave, no garantiza la sanidad de un mal incurable, pero, sin duda, permite una mejoría y una evolución más lenta, con menos episodios agudos, no sólo por el tratamiento médico especializado, sino por el cambio de ambiente que coadyuva positivamente».

Por ello, Joseba Azkarraga ha defendido que «el cumplimiento por parte del Estado de la legislación penitenciaria no puede ni debe entenderse como una claudicación de ese Estado. Es cumplir la legislación interna y europea».

Y ha indicado a los parlamentarios navarros que «si hoy permiten los gobiernos o los organos legislativos o judiciales que las normas se interpreten o se apliquen conforme a los sentimientos o a las sensaciones, mañana alguien encontrará un buen argumento para apartarnos del derecho a ser tratados en igualdad de condiciones».