Los montepíos, de los que en el herrialde hay cuatro (el general en el que están todos los ayuntamientos y los propios de Iruñea, Tutera y Tafalla) se crearon en 1946 para asegurar las pensiones de los empleados públicos, pero desde 1994 los funcionarios de las entidades locales se adscriben al régimen de la Seguridad Social, ha explicado Olaechea en comisión parlamentaria.

Así, entre 2006 y 2016 se ha pasado de 1.127 pensionistas a 873 y los activos han bajado de 385 a 161.

Esta situación ha provocado que cada año haya mayores dificultades para sufragar el sistema, ya que cada vez hay menos activos para cubrir el déficit.

De hecho, desde 2006 el déficit ha aumentado un 18 %, pero el número de activos se ha reducido un 50%, ha subrayado Olaechea.

El déficit de los secretarios y sanitarios se distribuye entre los ayuntamientos en función de la población y el de administradores y subalternos, en función de los activos acogidos al montepío.

El Gobierno de Nafarroa financia parte del déficit tanto del montepío general como de los de Iruñea, Tutera y Tafalla.

Los ayuntamientos que más han aportado al régimen general de montepíos entre 2006 y 2015 son los de Burlata (12,5 millones de euros), Barañain (10,4), Lizarra (9,8), Atarrabia (7,5) y Corella (6,3).

Olaechea ha declarado que ésa es una situación «ilógica» y a futuro «insostenible», ya que, para una entidad local, tener un subalterno puede suponer abonar 72.000 euros anuales al montepío.

La presidenta de Comptos ha señalado que éste es un asunto «complejo», en el que no hay una solución «óptima», ya que un cambio en un ayuntamiento no puede hacerse sin que empeore la situación en otros.

En ese sentido, ha apuntado que se podría estudiar la posibilidad de sufragar la totalidad del déficit con cargo a los Presupuestos de Nafarroa o el Fondo de Haciendas Locales.

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha comentado que buscar una solución a este problema es un compromiso del acuerdo programático, aunque ha admitido que ningún sistema «va a satisfacer a las entidades afectadas».

Por UPN, Luis Zarraluqui ha pedido al cuatripartito que en esa «reflexión colectiva» sobre este asunto incluyan a otros partidos, porque «esta cuestión nos interesa a todos». El regionalista ha señalado que las cantidades que pagan algunos ayuntamientos «generan una cierta preocupación» y ha considerado que es especialmente «injusto» el régimen referido a administrativos y subalternos.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha instado a buscar una solución «lo más consensuada posible» a este problema y ha indicado que éste puede ser el momento adecuado para ello, ya que está en marcha el proceso de reforma de la administración local de Nafarroa.

Rubén Velasco, de Podemos, ha hecho hincapié en la gran «disparidad» existente entre las aportaciones de los ayuntamientos a los montepíos, mientras que Inmaculada Jurío, del PSN, ha afirmado que «claramente el sistema es deficitario», pero ya se veía que iba a serlo en 1994 y desde entonces no se ha buscado una solución.

Por su parte, Javier García, del PP, tras calificar la situación de «ilógica» e «insostenible», ha opinado que la solución que se plantee «debe estar abierta a un consenso entre todos los grupos», un llamamiento al que se ha sumado el portavoz de I-E, José Miguel Nuin.