Fernández ha comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz, a petición de EH Bildu, para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el recurso presentado por el Gobierno español contra la ley sobre víctimas de abusos policiales.

El recurso, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), alega que la Comisión de Valoración recogida en la Ley, a la que se atribuye la función de analizar las peticiones de reparación presentadas por las víctimas, invade competencias exclusivas de los Tribunales de Justicia.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha reclamado al Gobierno de Lakua, que tiene de plazo hasta el 4 de julio para presentar alegaciones ante el TC, que mantenga una actitud «exigente y reivindicativa», y que ejerza «presión» frente al Ejecutivo español en defensa de la ley.

Fernández, que el pasado 12 de mayo ya dio a conocer los argumentos que defenderá el gabinete de Iñigo Urkullu frente al recurso, ha insistido en que la Comisión de Valoración prevista en la Ley tiene un carácter meramente «administrativo». De esa forma, ha explicado que las competencias atribuidas a este organismo «no invaden» las funciones de los jueces y los tribunales.

«Seguridad jurídica»

El secretario de Paz y Convivencia ha explicado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu solicitará el «levantamiento anticipado» de la suspensión de los contenidos de la ley que han sido recurridos por el Gobierno español. Además, ha asegurado que esta suspensión cautelar «no impide» que la Comisión de Valoración pueda ponerse en marcha.

También ha asegurado que el gabinete de Iñigo Urkullu seguirá trabajando con «paso firme» en la defensa de la «seguridad jurídica» de la ley.

Esta labor –según ha explicado– se llevará a cabo a través de la defensa de «la constitucionalidad» de la norma ante el TC. Además, el Ejecutivo informará con «total transparencia» a las víctimas sobre la evolución de la ley.

Fernández ha explicado que el Gobierno pedirá a expertos internacionales y de la sociedad vasca que aporten su «opinión» sobre la ley.

«Reparación»

El responsable de Paz y Convivencia ha denunciado que el recurso del Gobierno español contra esta ley evidencia que el gabinete de Mariano Rajoy «no comparte el derecho a la reparación» de las víctimas a las que se dirige esta norma.

Jonan Fernández ha reprochado al Gobierno español que su rechazo a la ley se base en posiciones «a priori» y en interpretaciones de cuestiones sobre las que la norma «nada dice». Además, ha denunciado que la pretensión de «neutralizar» la aplicación de esta norma mediante la suspensión de algunos de sus artículos, supone una «revictimización injusta e innecesaria» de las personas a las que está dirigida la ley.