Entre los huelguistas se encuentra Jesús Santrich, quien formó parte de la delegación negociadora de las FARC en La Habana. «De mi parte, la huelga irá hasta que el Estado cumpla el compromiso de liberar a los prisioneros y las prisioneras integrantes de las FARC», ha anunciado a través de un comunicado difundido por redes sociales.

DECLARACIÓN: En solidaridad con prisioneros políticos sin amnistía me sumo a partir de ahora a la huelga de hambre declarada en las cárceles pic.twitter.com/TgsevTcmfz

— Jesús Santrich (@JSantrich_FARC) 2017(e)ko ekainak 27

«La huelga de hambre es una denuncia ante Colombia y el mundo de esta situación que violenta los acuerdos de La Habana», ha esgrimido, explicando que, «después de seis meses de firmada la ley de amnistía e indulto y tratamientos penales especiales, la misma solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por las FARC».

Jesús Santrich ha criticado que «la falta de voluntad política en el cumplimiento de lo pactado en La Habana ha sido la constante del Gobierno». En concreto, ha cargado contra el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, por su «demora» en la entrega de las certificaciones, que ha afectado a «no menos de 900 prisioneros políticos».

También ha señalado a «jueces y fiscales» que «han sido y siguen siendo el palo en la rueda de lo acordado». «Estos administradores de justicia incumplen la ley y colocan cortapisas con el único propósito de no liberar a los prisioneros», ha reprochado.

«Jueces y fiscales siguen aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo valoraciones jurídicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando así las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el órgano que deberá calificar al respecto», ha añadido.

Ley de Amnistía

El Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la ley de amnistía e indulto. Según recogía el Acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá, «a la finalización de las hostilidades, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible» y, a la hora de «determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto», añadía.

No serán objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la violación y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado ni el reclutamiento de menores.

Se concedería la amnistía, según aquel texto, por «los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración». Los delitos conexos con el delito político, tales como «facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, obtención de documento público falso, utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego (...)» también serán amnistiables.