La Comisión de Convivencia y Derechos Humanos de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha aprobado una resolución con los votos de EH Bildu, Podemos y PNV en la que muestran su «más rotunda discrepancia» con las elevadas peticiones fiscales para los ocho jóvenes de Altsasu procesados por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en octubre pasado. PSE y PP han votado en contra.

En la resolución aprobada las Juntas expresan «una gran preocupación por el devenir de los acontecimientos, habiendo constatado que este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables», que a su juicio es «contraria a la normalidad y convivencia democráticas».

Las Juntas abogan por que los hechos sucedidos en Altsasu sean juzgados en Iruñea.

Nota del PSE

El PSE ha votado en contra de la resolución, aunque después ha emitido una nota en la que condena «los hechos violentos y agresiones que tuvieron lugar el Alsasua en octubre de 2016, mostrando la solidaridad con las víctimas de las agresiones».

Acto seguido, esta formación considera que las normas legales han de ser interpretadas «atendiendo a la realidad social en que han de ser aplicadas», como describe el artículo 3 del Código Civil, «así como que dicha interpretación del ordenamiento jurídico debiera ir encaminada hacia el resultado más justo del hecho enjuiciable, pero a la vez, a la consolidación de una nueva realidad que se sitúa muy lejos de los escenarios de violencia de tiempos pasados».

Por ello, el PSE cree que «en esta nueva realidad que vive la sociedad vasca y la española», los «hechos violentos» de Altsasu «pueden enmarcarse dentro de los delitos investigables y enjuiciables por la jurisdicción ordinaria, tal y como señalo la Audiencia de Navarra, con las consecuencias inherentes respecto a la situación de las personas encausadas».