Este nuevo juicio, que comenzó el pasado mes de diciembre, se ha celebrado en un tribunal civil después de que el Tribunal de Casación revocó las penas pronunciadas contra los saharauis por el Tribunal Militar en 2013 y ordenó su repetición.

Los seis miembros del jurado han dictaminado las sentencias en esta última sesión, que fue retomada ayer, después de unas deliberaciones de más de catorce horas.

El juicio se ha desarrollado en ausencia de los acusados que desde el pasado mes de mayo decidieron boicotearlo y no asistir a las audiencias.

El juez ha confirmado la condena perpetua –antes pronunciada por el tribunal militar– a ocho de los acusados, mientras que las otras penas oscilaron entre 30 años para tres de ellos, 25 años de prisión contra cinco acusados y 20 años contra tres de ellos.

Mientras, ha rebajado entre cuatro años y medio y dos años las penas contra cuatro de los acusados, lo que significa su puesta en libertad tras haberlas cumplido.

El juez ha vuelto a calificar los delitos y ha decidido descartar la acusación de «formación de una banda criminal» para la mayoría de los condenados, mientras les imputó por los delitos de «violencia contra las fuerzas del orden ocasionando lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres a cada uno de los acusados en lo que le corresponda».

La abogada española Rosalía Perera Gutiérrez, miembro de la Consejo General de la Abogacía Española, que asistió al juicio como observadora, ha calificado las penas hoy de «durísimas» y considera que no ha habido pruebas que hayan encontrado al autor responsable de la muerte de cada uno de los agentes marroquíes.

En 2010, miles de saharauis levantaron un campamento para denunciar la situación que padecen bajo la ocupación marroquí. La respuesta de Rabat fue una represión brutal. Hassanna Aalia, refugiado saharaui en Euskal Herria, lo relata en este vídeo.