Amnistía Internacional pide a Madrid que reconozca la existencia de la tortura

Amnistía Internacional (AI) ha avalado hoy la ley de víctimas policiales de la CAV, recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, y ha pedido al Gobierno español que reconozca que hubo casos de torturas generalizadas en determinadas épocas y cumpla con su «obligación de investigar y reparar a los afectados».

NAIZ|GASTEIZ|2017/09/13 11:46|5 iruzkin
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Reunión entre los representantes de Amnistía Internacional y Urkullu. (AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA)

El director de AI del Estado español, Esteban Beltrán, se ha reunido hoy en Gasteiz con el lehendakari del Gobierno de Lakua, Iñigo Urkullu, para entregarle un documento que ha elaborado esta organización con el título ‘País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como la tortura’.

Este informe ha sido redactado a raíz del recurso ante el TC que presentó el Gobierno español contra la ‘Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999’, que ha supuesto la suspensión temporal de varios de sus artículos.

El documento también se ha remitido hoy mismo al ministro de Justicia español, Rafael Catalá, con quien los responsables de Amnistía Internacional quieren mantener una reunión para transmitirle la obligación que tiene el Estado, según el derecho internacional, de investigar los casos de tortura y reparar a las víctimas.

Beltrán ha culpado al Gobierno español de no acometer una investigación exhaustiva sobre estos casos, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según ha recordado, ha condenado a España en siete ocasiones por su falta de investigación en estos casos.

También ha reclamado al Gobierno español que no obstaculice iniciativas autonómicas, como la citada ley vasca, que intente reparar a las víctimas.

Ha exigido además a los gobiernos español y de Lakua que hagan un «reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA y que de manera unitaria recojan y publiquen datos oficiales detallados sobre estos casos».

Beltrán ha expuesto que entre 1960 y 2015 únicamente ha habido 19 sentencias sobre torturas, que afectaban a 31 personas, contra 62 agentes, de los que 27 han sido indultados.

Invisibilización

Ha señalado que apenas hay datos oficiales sobre casos de tortura lo que demuestra la invisibilización de estas víctimas y ha insistido en que el derecho internacional europeo permite que cualquier parte del Estado pueda emprender la reparación a estas personas como contempla la ley vasca de abusos policiales recurrida.

El director de AI ha argumentado que este asunto se encuentra en un «momento clave» porque el TC está debatiendo si se puede acometer una reparación integral de las víctimas de tortura en Euskal Herria.

Por ejemplo, en el recurso del Gobierno español contra la ley de la CAV se argumenta que la comisión de valoración que crea la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque ésta es una labor que corresponde a los jueces.

Pero Beltrán ha negado ese argumento porque, a su juicio, es posible que puedan combinarse las investigaciones judiciales con mecanismos de reparación integral.

«No es necesario haber identificado a los responsables de tortura para su reparación», ha señalado, ya que el derecho internacional dice que esa reparación se debe dar cuando se constate el delito «aunque no se haya podido investigar judicialmente».

En su informe, Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas deben realizar un reconocimiento «expreso y oficial» de que la práctica de tortura en España «no ha sido un fenómeno aislado, sino algo extendido en el conjunto de la lucha antiterrorista».

Valora la ley de la CAV de víctimas policiales pero también considera que este tipo de iniciativas deberían ser complementadas con una normativa estatal que garantice que todas las víctimas de tortura disfruten de todos sus derechos sin limitaciones geográficas ni temporales