El acuerdo presupuestario de 2017 entre el Gobierno del PP y el PNV incluyó la eliminación de la tarifa del peaje de acceso a líneas de alta tensión de entre 25 y 30 KW, lo que se calculó que supondría un ahorro de unos 50 millones de euros para las industrias vascas afectadas.

Cinco patronales catalanas se quejaron de ese cambio tarifario, tras lo que la Generalitat decidió denunciarlo ante la Comisión Europea.

Zarraonandia ha subrayado que el acuerdo «de ninguna manera puede considerarse como una ayuda pública o una ayuda de Estado», ya que su objetivo es «corregir una discriminación histórica» que por ejemplo en 2013 supuso «un sobrecoste de 100 millones de euros para la industria vasca».

Tras reiterar que este pacto «no posiciona a la industria vasca en ninguna situación de ventaja», ya que «simplemente la homologa con respecto a otras industrias del Estado».

En esa línea, ha apuntado que las empresas catalanas, en general, no se han visto beneficiadas por este acuerdo porque «están conectadas a un nivel de tensión de 254 kilovoltios, con lo cual no han quedado incluidas».

«Tenemos conocimiento de que ya se ha abierto inspección e investigación desde Europa, pero estamos tranquilos porque este acuerdo no posiciona a la industria vasca en ninguna situación de ventaja, simplemente se corrige una discriminación», ha reiterado.