ELA estima que el proyecto de decreto por el que se regula el derecho subjetivo de acceso a la ocupacion legal de una vivienda o a la prestación económica asociada a él es un nuevo recorte. En rueda de prensa ofrecida en Bilbo, Mikel Noval y Janire Landaluze han emplazado al Gabinete Urkullu a que no siga adelante con la intención de desarrollarlo pues consideran que generaría más problemas a quienes se encuentra en situación de pobreza.
La central entiende que los requisitos que establece el decreto, aprobado en agosto y cuyo plazo de alegaciones ha finalizado esta semana, excluirán a muchas de las 28.291 familias que se benefician actualmente de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Noval ha incidido en que detrás de la nueva regulación está la intención del Gobierno no gastar menos de lo que destina ahora, alertando de que los principales afectados serán todos aquellos que reciben está prestación, que en muchos casos es un complemento más a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Además, han advertido de la inconcreción en las cuantías económicas que se van a destinar, lo que entienden va a generar una mayor indefensión entre los demandantes. La gestión de este derecho, han aclarado, correrá a cargo del Departamento de Vivienda mientras las Ayudas de Emergencia Social estarán bajo el control de Lanbide y los servicios sociales.
