El veredicto final lo ha dado a conocer el presidente del Supremo estadounidense, John Roberts, declaró a Efe una portavoz de la corte.En la sentencia se rechaza el recurso de la defensa de Montano, que consideraba que la extradición puede «resultar en la muerte» de su cliente debido a su edad, de 74 años, y a las múltiples enfermedades que sufre, ente las que incluía diabetes y cáncer de vejiga.

La defensa ha tratado de bloquear la extradición de Montano desde que fuera aprobada en febrero de 2016 por una jueza del Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte. No cabe recurso contra la decisión del Supremo.

Montano está acusado de haber ayudado a orquestar la masacre perpetrada la madrugada del 16 de noviembre de 1989 –se cumplen justo 28 años–, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño mataron a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, al también jesuita vasco Juan Ramón Moreno, a otros cuatro religiosos, a la cocinera y a su hija de 16 años.

Ese día, un «escuadrón de la muerte» irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde fueron acribillados a balazos.

Las presiones de Trump

A principios de este mes, el Gobierno del presidente Donald Trump urgió a los jueces del Tribunal Supremo a aprobar la extradición y responder «sin dilaciones indebidas» a la orden de detención contra Montano emitida por primera vez en 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

En un escrito entregado al Tribunal Supremo, el abogado del Gobierno, Noel J. Francisco, consideró, además, que la extradición de Montano reforzaría la alianza de Estados Unidos con el Estado español. «España es un importante aliado de EEUU en terrorismo y otros casos de importancia nacional, y el cumplimiento oportuno de sus solicitudes de extradición mejora la política exterior de Estados Unidos y sus intereses en la aplicación de la ley».

Los diferentes crímenes de guerra cometidos en El Salvador entre 1980 y 1992 no han sido juzgados por la promulgación de una ley de amnistía en 1993.

En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña anuló esa ley, lo que supuso la reapertura de procesos judiciales como el de la matanza de los jesuitas y el caso del magnicidio del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero (1980).